La Conferencia Episcopal dejó fuera de su informe más de 300 casos, tal y como denunció EL PAÍS, y se comprometió a actualizar los datos, pero no lo hizo. Ahora dice que el documento sobre el problema será solo para “trabajo interno”.
La jerarquía eclesial ha anunciado este jueves que ese documento, Para dar Luz —que publicó con la promesa de renovarlo anualmente “para ofrecer esta información a los miembros de la Iglesia y a la sociedad”— dejará de ser actualizado y su contenido pasará a ser difundido solo internamente para los altos cargos de la Iglesia.
Fuentes diocesanas revelaron que la creación y publicación de este documento en diciembre 2023 —un mes después de la publicación del informe de abusos del Defensor del Pueblo, que calcula en 400.000 el número de víctimas— tenía como objetivo hacer sombra a la difusión de otro informe, la auditoría que los obispos encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo y cuyos resultados arremetían contra la mala gestión de la Iglesia ante el problema. De hecho, el jefe de comunicación de los obispos publicó en una nota de prensa, perdida en su web, la auditoría y en primer término colgó el Para dar luz.
Al final, un año después, los obispos han dejado morir ese “informe vivo” que tanto defendían.
