domingo, 2 de febrero de 2025

CURA VIOLADOR CONDENADO

Tomado de religiondigital.org

Un sacerdote católico que durante años abusó de niños indígenas en el Ártico canadiense fue condenado este jueves a seis años de prisión por un tribunal de Canadá.

Erik Jose DeJaeger, de 77 años, se había declarado la semana pasada culpable de siete cargosde abusos sexuales por delitos cometidos entre 1978 y 1982 en la localidad canadiense de Igloolik, en el territorio de Nunuvatu, contra niños inuit.

Las edades de las víctimas de DeJaeger, seis niñas y un niño, oscilaban entre los cuatro y los nueve años. El sacerdote atraía a sus víctimas a la iglesia de Igloolik con caramelos para posteriormente abusar de ellas.

En 2015, DeJaeger ya había sido condenado a 19 años de prisión por 32 casos de abusos sexuales contra niños de Igloolik. Ese mismo año fue condenado a otros cinco años por abusar de niños en la localidad de Edmonton, en el oeste de Canadá.

El antiguo sacerdote, que había sido misionero oblato, está en libertad condicional desde mayo de 2022.

sábado, 1 de febrero de 2025

CURA VIOLA CURA

Tomado de elpais.com

Un juzgado de Madrid sentará en el banquillo al sacerdote Manuel González López-Corps por violar a otro cura durante 15 años, entre el 2000 y 2015, en dependencias eclesiásticas de la archidiócesis de Madrid. El obispado sentenció como hechos probados los abusos en una investigación interna que realizó en 2019, pero no impuso una pena al agresor porque los delitos habían prescrito canónicamente (derecho por el que se regula internamente la Iglesia católica) y no reparó a la víctima, según la documentación eclesiástica a la que ha tenido acceso este periódico. A diferencia de los casos de pederastia, que no prescriben en el derecho eclesiástico, los abusos a personas adultas lo hacen a los tres años. El afectado acudió a los tribunales ordinarios en 2021, después de recurrir durante meses la decisión del obispado y presentó una denuncia contra el presbítero, de 63 años.

Los hechos denunciados comenzaron en el curso escolar de 1998-1999, cuando el denunciante tenía 20 años y trabajaba en el cementerio madrileño de San Isidro, mientras estudiaba COU como repetidor. El sacerdote González y el joven se conocieron en el camposanto, ya que el cura era el párroco de allí. “Me deslumbró desde el primer momento. Fue una ayuda importante para sacar adelante los estudios”, dice el denunciante. Poco después comenzaron los primeros abusos denunciados: caricias, tocamientos genitales, felaciones, besos y penetración anal. Un año después, la relación se había reforzado tanto que, según el denunciante, el cura se lo llevó a vivir con él, ya que por entonces el joven aún residía con sus padres. “Hizo obras en la casa del capellán de la ermita, dividiéndola en dos apartamentos de forma que yo pudiera vivir allí. [...] Nuestra casa tenían una puerta común cerrada desde fuera y dos puertas dentro que dejábamos abiertas”.

Durante la convivencia, González obligó a que el joven se confesase de “las relaciones sexuales” que ambos tenían. Según el relato del denunciante, la primera absolución fue en una cama mientras los dos estaban acostados, desnudos y “después de una relación con masturbación mutua”. Los abusos siguieron en el tiempo, pero con menos frecuencia, cuando el joven comenzó sus estudios en el seminario, produciéndose “los domingos y en todos los periodos de vacaciones”, y también después de ser ordenado sacerdote. Los últimos episodios denunciados son de finales de 2015.

pesar de ello, el cardenal no castigó a González por las agresiones sexuales, ya que los abusos a mayores de edad prescriben canónicamente a los tres años. Es decir, en 2018: el delito expiró justo cuando lo denunció ante el obispado. “No obstante, el hecho de que no se puedan castigar como delito estas conductas gravísimas no significa que no hayan existido, como es el caso. Quede constancia en este decreto de la gravedad de los hechos, de su malicia, y de su carácter probado”, dice el documento eclesial. La diócesis tampoco aceptó la petición de una indemnización de 150.000 euros que pedía la víctima, ya que no se reconocía como responsable civil subsidiaria.