Cuatro años después de la publicación de la lista de casi 35.000 inmatriculaciones llevada a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, las asociaciones y plataformas siguen exigiendo al Gobierno saber qué bienes han sido registrados durante el último siglo, y se quejan de la falta de avances ante una situación que parece estar casi como al principio. “No hay manera de saber cuáles son los bienes inmatriculados con la firma de un obispo”, resume José María Rosell, presidente de la plataforma Recuperando, que aglutina a diferentes colectivos que reclaman toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, calculan, fueron inscritos por la institución eclesiástica entre 1946 y 2015.
Sin esos datos es imposible efectuar reclamaciones en caso de apropiaciones irregulares. Y son miles los inmuebles y fincas sobre los que no se facilita información, o sobre los que se ofrecen descripciones demasiado genéricas que impiden saber a qué se refieren, o inscripciones de una propiedad que en realidad aglutinan múltiples elementos. Y no es algo que achacar solo a la Iglesia. Recuperando apunta también a los registradores de la propiedad.
“El actual listado solo contiene un cuarto o un tercio del total de la información, y ni siquiera permite identificar los bienes”, se queja Rosell. Los únicos documentos que aparcarían las dudas son las notas simples de los inmuebles, pero el camino para poder obtenerlas está siendo poco menos que imposible. “Es un problema que compete al Ministerio de Justicia y a los registradores: uno tiene que exigirlo y los otros, ofrecer esa información”, sostiene el portavoz de la plataforma. Recuperando señala a los registros del país como “aliados” de la Iglesia. “Han inmatriculado cosas que taxativamente estaban prohibidas, como los lugares de culto”, ejemplifica Rosell. Y algunos son edificios tan reconocibles como la catedral de Sevilla o la basílica barcelonesa de Santa María del Mar.
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