Tomado de eldiario.es
El juez del "caso Romanones" acaba de dar un ultimátum al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. En una breve providencia, el magistrado conmina al prelado a entregar, de una vez por todas, los interrogatorios a los doce investigados -diez sacerdotes y dos seglares- por el caso de abusos a menores en Granada. Le avisa de que si no lo hace tendrá que hacer frente a un apercibimiento. En caso de no hacerlo, Martínez podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, después de que se le haya requerido, hasta en siete ocasiones y tras dos apercibimientos, la documentación que está obligado a entregar según las legislaciones civil y canónica.
Martínez, en una de sus primeras respuestas a los requerimientos judiciales, afirmó que había puesto en marcha contra los denunciados el procedimiento canónico. De hecho, tres sacerdotes continúan suspendidos, mientras que a uno de los seglares se le retiró la venia docendi para impartir clases de Religión. Otros siete de los investigados continúan, pese al escándalo, como sacerdotes en sus respectivas parroquias de Granada, sin que oficialmente haya sanción alguna contra ellos.
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