Tomado de iniciativadebate.org
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, solo interrogó a tres sacerdotes de entre las 12 personas imputadas por el caso de abusos a menores en su diócesis (el caso Romanones), pese a que la Santa Sede le solicitó que iniciara una investigación completa y pese a que él mismo, en sus escritos enviados a la Congregación para la Doctrina de la Fe y la Secretaría de Estado, reconoce que varios de ellos pudieron ser víctimas de abusos en el pasado, para convertirse posteriormente en cómplices, en mayor o menor grado, de las atrocidades cometidas contra "Daniel" (la víctima que denunció) y otros chicos y chicas. Siete de esos sacerdotes continúan, a día de hoy, ejerciendo como tales en diversas parroquias de Granada.
Sobre éstos, el propio arzobispo reconoce que se trata de un grupo compacto y cerrado, aunque mostró su temor por el daño a la Iglesia que se podría producir dado el nutrido número de sacerdotes del que se hablaba. Ello podría explicar cómo, pese a sus impresiones, Javier Martínez decidiera únicamente interrogar -y suspender “a divinis”- a tres de los sacerdotes imputados, los mismos que Roma reconoce inicialmente como posibles autores materiales de los abusos.
El dato resulta de vital importancia a la hora de que, la Audiencia Provincial de Granada pueda aceptar la petición de las acusaciones de considerar al grupo como “asociación ilícita” y corruptores de menores, de modo que sus posibles delitos no hubieran prescrito desde el punto de vista penal. Canónicamente ninguno de ellos ha prescrito.
La situación cambió radicalmente en un mes, pues el prelado pasó de ofrecer una total colaboración y asegurar a la víctima que todos los culpables serían castigados a decir que “estamos en manos de la Virgen”, cerrar abruptamente cualquier interrogatorio (con la falsa excusa, como demuestran las sucesivas peticiones del Juez y la carta del padre de Daniel, de que tanto el Magistrado como la víctima le habían solicitado no interferir) y, lo que es más grave desde el punto de vista humano, a cerrar cualquier comunicación directa con la víctima de abusos.
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