Una diferencia de 18 euros por hora de clase ha propiciado que la formación de los nuevos inspectores de policía la impartan a partir de ahora docentes de la Universidad Católica de Ávila (UCAV) en lugar de catedráticos de la Universidad de Salamanca (USAL), como sucedía desde hace 28 años. La escuela de policías de Ávila, Dirección General de Policía (DGP) mediante, ha firmado un contrato de colaboración con esa entidad privada y religiosa. “Es la oferta más barata”, justifican. El ministerio dice haberse “mantenido ajeno” a este acuerdo.
Nadie parece querer hacerse responsable de una decisión que ha generado ampollas en el ámbito educativo porque lo que está en juego no es una mera cuestión económica —supuestamente la Universidad de Ávila rebaja casi a la mitad el coste del “servicio”, de 200.000 a 100.000 euros— sino el modelo de formación policial español y, en consecuencia, los valores que defenderán en el desempeño de sus funciones los futuros agentes.
“Nunca serán lo mismo el aborto, la eutanasia o la llamada Ley mordaza explicados por un catedrático de una universidad pública que por uno de una católica y privada, en la que manda el obispo”, señala uno de los profesores de Derecho Penal de la USAL que hasta ahora daba clases en la academia de policías.
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