Exalumnos de los colegios de los Maristas de Sants-Les Corts y la Inmaculada, en el distrito barcelonés de l’Eixample, y Badalona han presentado 43 denuncias contra 12 docentes, incluyendo las seis del año 2011 contra el hermano Lucio Zudaire, y las dirigidas a un monitor de comedor, Terenci G. Z. que ejercía en la primera de estas escuelas. La mayoría de los casos han sido archivados por prescripción del delito por el paso del tiempo. Eso sí, continúa abierto el del exprofesor de gimnasia Joaquim Benítez por cuatro delitos sexuales contra exalumnos y el del monitor. El juez que investigó el primer caso ya ha dado por concluidas las pesquisas y se está a la espera de que las acusaciones soliciten la pena que consideren. En el segundo caso, la fiscalía pide para Terenci G. Z. 16 años de cárcel por presuntamente haber abusado sexualmente de cuatro menores.
Son tres los profesores de colegios de los Maristas en Barcelona que han confesado que abusaron de algunos de sus alumnos. El primero de ellos fue Joaquim Benítez, el exprofesor de gimnasia que ha llegado a acumular hasta 17 denuncias, aunque la mayoría de ellas han sido archivadas por la prescripción del delito por el transcurso del tiempo. El segundo fue A. E., del colegio Inmaculada. En una entrevista telefónica reconoció que había efectuado tocamientos en los genitales a sus alumnos durante las clases. La tercera confesión fue la de A. F. En esta ocasión fue una víctima, J., quien logró que dijera la verdad mientras lo grababa con una cámara. Estas confesiones tienen un precedente. Seis alumnos destaparon en el 2011 que sufrieron abusos en un colegio marista de Badalona.
El exprofesor de gimnasia es el único docente de los Maristas que se sentará en el banquillo a pesar de que la mayoría de las denuncias se han archivado y solo quedan vivas cuatro. Se ha sobreseído otras denuncias presentadas contra otros profesores de colegios de los Maristas. En estos casos no se ha llegado siquiera ni a tomar la declaración a las víctimas como algunos habían solicitado. La caducidad de los hechos es la principal baza con la que juegan los acusados y la orden religiosa para minimizar los efectos del alud de demandas que se ha ido acumulando en su contra.
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