tomado de eldiario.es
El escándalo de la compra de inmuebles de lujo con el dinero de los pobres (se habla de más de 200 millones de euros) en Londres es sólo la punta del iceberg de las luchas de poder intestinas en el Vaticano, que salpica a cardenales, monseñores de la Curia e incluso a políticos como el actual primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.
Algunos ya lo llaman el 'Vatileaks III'. Lo cierto es que la investigación sobre la compra fraudulenta del palacio de Sloane Square por parte de un fondo de inversiones perteneciente a la Secretaría de Estado sólo ha comenzado a levantar las alfombras. Los documentos incautados durante el registro de las oficinas del Vaticano y la Autoridad Internacional Financiera (Aif), muestran cómo, durante años, Roma invirtió parte del dinero del llamado 'Óbolo de San Pedro' (las limosnas que llegan a la Curia para las obras de caridad del Papa) en negocios de dudosa legalidad y muy cuestionable moralidad.
El propio secretario de Estado, Pietro Parolin, reconocía esta semana que la gestión de los fondos de los pobres había sido "opaca", y que la investigación llegaría hasta el final. Una investigación que, según algunas fuentes, habría iniciado el 'sustituto' de la Secretaría de Estado (una especie de 'número tres' del Vaticano), el venezolano Edgar Peña Parra, y que tendría como principal encausado a su antecesor, y actual prefecto de las Causas de los Santos, Angelo Becciu.
En mitad de la investigación, algunas filtraciones a medios (The Financial Times y L'Expresso, fundamentalmente), acabaron cobrándose la cabeza del jefe de Seguridad de la Santa Sede, Domenico Giani. Ahora parece que Roma empieza a tomarse en serio la gravedad de la cuestión.
Así, el cardenal Parolin admitió que se habrían gastado unos 200 millones de dólares, en 2014, en una participación minoritaria para comprar un edificio en el distrito londinense de Chelsea, que acabó convirtiéndose en apartamentos de lujo. En 2018 Roma se hizo con el total de la propiedad del inmueble (algunas fuentes hablan de 600 millones de dólares), asumiendo parte de la deuda para refinanciar las obras.
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