Este jueves la Conferencia Episcopal presenta los datos de la Asignación Tributaria recibida a través del IRPF de la última declaración de la Renta. El año pasado, los obispos recibieron de las arcas del Estado 268 millones de euros, cuyo destino y control queda muy lejos de los estándares recomendados por la Unión Europea, según ha señalado en un informe el Tribunal de Cuentas, que pone especial énfasis en los fondos destinados a una empresa privada como TRECE (la antigua 13TV), que en los dos últimos ejercicios recibió 20 millones de euros sin ningún tipo de control.
Según este informe preliminar, los obispos españoles estarían vulnerando las leyes europeas, que prohíben taxativamente utilizar fondos o ayudas estatales para empresas privadas. En concreto, el organismo subraya cómo "a la luz de la información publicada por la propia Iglesia, 20 millones de euros procedentes de fondos estatales son aportados como fondos propios a una sociedad que desarrolla una actividad económica", en este caso TRECE, la televisión propiedad de la Conferencia Episcopal.
Los obispos detallan en sus cuentas que el dinero que aportan a su canal de televisión proviene del dinero que le sobra de su asignación. Ese superávit que reconoce la Iglesia en los ejercicios 2016 y 2017 es en sí mismo una irregularidad para el Tribunal de Cuentas, que recuerda que su existencia "no está prevista en el Acuerdo", y "el destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede".
Los obispos detallan en sus cuentas que el dinero que aportan a su canal de televisión proviene del dinero que le sobra de su asignación. Ese superávit que reconoce la Iglesia en los ejercicios 2016 y 2017 es en sí mismo una irregularidad para el Tribunal de Cuentas, que recuerda que su existencia "no está prevista en el Acuerdo", y "el destino dado al superávit tampoco ha sido acordado entre el Estado y la Santa Sede".
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