El cardenal Juan José Omella presidió anteayer en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona el funeral por las víctimas de la pandemia del coronavirus que no fueron despedidas como es debido durante los meses de confinamiento; un hecho que ha provocado un choque entre el Arzobispado de Barcelona y el Govern de la Generalitat que puede acabar en los tribunales.
El Procicat envió una resolución firmada por la consellera de Salut, Alba Vergés, el viernes a última hora que prohibía la celebración con base en una resolución de la Generalitat del 17 de julio que limita a diez personas la presencia en los actos religiosos; y las autoridades del Govern de la Generalitat comunicaron que no acudirían a la ceremonia.
Los representantes del Ayuntamiento de Barcelona han decidido no asistir este domingo por la mañana. En el consistorio, pese a no compartir la decisión del Ejecutivo de Quim Torra, consideraban que no pueden desatender su resolución.
Con todo, en el Arzobispado han decidido mantener el responso con medidas adicionales de seguridad, como tomar la temperatura a todas las personas que entren al templo, donde también se ofrecerá “una acción de gracias” por aquellos que han superado la enfermedad. Y han emitido un comunicado en el que han criticado duramente a la Generalitat.
Además, aseguraban que, “ante el poco previsible cambio de actitud” del Departament de Salut, se tomarán “las acciones legales oportunas contra la arbitrariedad e indefensión que sufren el derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto, constitucionalmente protegidos”. La resolución del Procicat llegó el viernes a última hora y, según los asesores legales del Arzobispado, no la podrán recurrir hasta el pasado lunes.
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