La política en la prevención y sanciones en el tema de abusos sexuales en el Vaticano sigue siendo difícil de descifrar. Más allá de la puesta en escena de hace un año, con la gran cumbre para fijar las bases de la protección a menores, de los grandes documentos papales emitidos y de algunos castigos ejemplarizantes, determinados casos siguen sembrando dudas sobre el convencimiento de la Santa Sede en esta lucha. Gustavo Zanchetta, exobispo de Orán (en el norte de Argentina), hombre cercano al Papa, es un claro ejemplo. A la espera de un proceso canónico tutelado por la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) y de un juicio dilatado en el tiempo por la pandemia en su país, cuya fiscalía reclamó que se le retirase el pasaporte por el riesgo de fuga, ha sido readmitido por la Santa Sede en uno de los órganos financieramente más importantes.
La decisión ha causado sorpresa incluso dentro del Vaticano, donde en algunas áreas, como la propia CDF, a veces es difícil comprender el modelo general que se aplica. “El caso pinta mal”, señalan en este entorno. Zanchetta, de 56 años, está acusado de “abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso” en perjuicio de dos víctimas, un delito castigado con penas de entre tres y 10 años de cárcel y que el sacerdote niega. Fuentes del caso, que destapó el Tribuno de Salta, explican que se trata de una acusación por tocamientos realizados a dos seminaristas, avalada por alrededor de una veintena de testigos -seminaristas que cursaban los estudios para el sacerdocio en esa época-, que fueron citados por la fiscalía.
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