El Estado no tiene capacidad para fiscalizar el dinero de la Iglesia católica. Esta es la principal conclusión de un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso elDiario.es. En sus conclusiones se constata cómo "la Iglesia elabora la memoria con sus propios criterios, ante la ausencia de otros acordados o establecidos en la normativa estatal respecto a su contenido, de forma que constituye más una memoria de actividades de la propia Iglesia que una memoria justificativa", que era a lo que los obispos se comprometieron cuando en 2006 vieron incrementado su porcentaje de la 'X' de la Renta del 0,52 al 0,7%.
El informe, de 118 páginas (67 del informe, y el resto de las alegaciones presentadas por los distintos organismos), apunta a la "inconcreción" de los datos, que "impiden determinar con precisión la existencia de insuficiencias o excesos de financiación" por parte de la Iglesia. No existe control sobre el uso de los fondos provenientes del IRPF ni de las exenciones fiscales, subraya el Tribunal de Cuentas, que añade que la ausencia de control de las cifras aportadas por los obispos no permite establecer si la Iglesia católica podría autofinanciarse y, por consiguiente, dejar de recibir financiación estatal, aunque sí constata cómo en los dos últimos ejercicios los obispos han recibido "superávit por importe de 19,3 y 15,9 millones de euros, respectivamente, lo que podría plantear una posible divergencia entre el compromiso de colaboración adquirido por el Estado y las necesidades efectivas de financiación de la Iglesia Católica".
"No existe acuerdo alguno entre el Estado y la Santa Sede, ni norma de la Administración General del Estado que sea consecuencia del Acuerdo, que establezca las necesidades de la Iglesia a cuyo 'adecuado sostenimiento' colabora el Estado", subraya el informe, que achaca a los obispos "inconcreción" y lamenta que no exista "un instrumento a través del cual el Estado reciba la información acerca de la situación de la Iglesia respecto a su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades". Los datos aportados por la Iglesia "no resultan suficientes para evaluar el grado de autofinanciación".
Además, constata el Tribunal, los obispos admiten que parte del superávit se destina a financiar TRECEtv, lo que podría chocar con la normativa europea, que prohíbe "las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales (…), que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones".
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