La objeción de conciencia de los profesionales de la medicina es uno de los principales obstáculos para acceder al aborto en hospitales públicos catalanes, argumenta la Generalitat de Catalunya. Según datos facilitados por el Departament de Salut a partir de una petición del derecho al acceso de la información pública hecha por este medio, la mitad de los ginecólogos del sistema público –305 de 613– son objetores de conciencia, si bien la cifra no corresponde a la totalidad de los profesionales, sino que la muestra se limita al 80% de los centros del sistema sanitario público de Catalunya –que incluye también los concertados–. Es decir, que estos centros públicos no dan este servicio y derivan el 97,8% de abortos instrumentales o quirúrgicos a clínicas privadas. Esto dificulta el derecho al aborto, ya que según el Observatori de Drets Sexuals i Reproductius, 482 personas tuvieron que desplazarse fuera de sus comarcas en 2018 para interrumpir sus embarazos.
Los profesionales se pueden acoger a la objeción de concienciarespecto al aborto de forma individual, pero la ley del 2010 indica que la administración pública debe garantizar el servicio. Se trata de un derecho individual, por lo que una institución como la Iglesia no podría prohibir practicar abortos a un centro que ofrece servicio público. Según ha podido saber Público, en el Hospital de Sant Pau, donde no se hacen interrupciones médicas desde el 2012 por presión de la Iglesia, hay profesionales que reclaman poder hacerlo de nuevo.
En el hospital de Sant Pau de Barcelona se practicaban abortos instrumentales médicos de las 12 hasta las 22 semanas de gestación del 1985 hasta el 2012. El Hospital de Sant Pau está gestionado por tres fundaciones: la Fundació Sant Pau, propietaria de los edificios, que está formada por dos miembros de la Generalitat, dos del Ajuntament de Barcelona y dos del capítulo catedralicio de la Catedral de Barcelona; la Fundació d'Investigació y la Fundació de Gestió Sanitaria, que se encarga de dar la atención médica y la forman tres miembros de la Generalitat, uno del Ajuntament de Barcelona y otro del capítulo de la Catedral. La tercera fundación recibe un 94% de ingresos del Departament de Salut. Pese a ello, en 2012, debido a la presión eclesiástica, aumentada por grupos antiabortistas, el hospital público dejó de practicar interrupciones instrumentales hasta día de hoy.
1 comentario:
Si el aborto hubiera estado permitido desde siempre no existirían tantos curas pederastas... Se les ve venir incluso antes de nacer
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