F. J. O. tardó 40 años en armarse de valor para coger un boli y escribir una carta al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, para denunciar que el sacerdote Jesús Fernández, el hombre al que acusa de abusar de él en el seminario de Oviedo entre 1970 y 1972, seguía dando misa en la parroquia asturiana de Hevia, perteneciente a Pola de Siero. “Me enteré por internet de que estaba en esa parroquia. Mandé una carta al obispo contándole mi caso y alertando de lo peligroso que era que esta persona siguiera en contacto con niños. Me respondió que no tendría inconveniente en reunirse conmigo si viajaba a Oviedo para tratar el tema”, relata. F. J. O. afirma que nunca consiguió reunirse con Sanz. Una vez en Oviedo, después de haber acordado en una segunda misiva que se reunirían durante las Navidades de aquel 2012, se quedó plantado en las puertas del obispado. “Otra vez será”, escribió el obispo en una carta de disculpa que le hizo llegar días más tarde a la víctima. “Me ignoró completamente y no me recibió”, dice el afectado. Sanz no volvió a escribir a F. J. O., no apartó a Fernández de su puesto ni tampoco abrió una investigación canónica. Fernández, al que se le conocía en el seminario con el mote de Jomezana, murió dos años después.
No es la única acusación de encubrimiento que tiene el arzobispo ovetense. V. C. también escribió a Sanz en 2015 para comunicarle que el sacerdote en activo Eustasio Sánchez Fonseca, alias Tito, había abusado de ella a mediados de los ochenta. En el año 2002 su madre llamó para denunciarlo por teléfono al obispado, por entonces dirigido por el actual arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Carlos Osoro, pero no la atendieron. La víctima consiguió reunirse con Sanz y cuenta que, ante su relato, Sanz le dijo que era su palabra contra la del acusado. Sanz tampoco abrió entonces un proceso canónico contra Sánchez.
Las acusaciones de estas dos víctimas no son aisladas. El ocultamiento, el silenciamiento y el encubrimiento de los casos de pederastia por los obispos ha sido un fenómeno constante dentro de la Iglesia católica. También en España, donde al menos 39 obispos están acusados o son sospechosos de haber tapado casos de los que han tenido constancia, impidiendo con ello que los pederastas fuesen juzgados civil o canónicamente y que estos hechos se conocieran públicamente.
La mayoría de estas acusaciones ya han visto la luz en otros reportajes de este diario y en otros medios de comunicación. Otros, como el caso del F. J. O. es inédito y forma parte de los 451 que este diario ha entregado al Vaticano y a Conferencia Episcopal Española (CEE) en dos informes en 2021 y 2022 para que los investigase. A través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas, este periódico ha corroborado cómo muchos prelados siguieron diversas maniobras para tapar el asunto: mantener al supuesto abusador en su destino sin investigar los hechos, trasladarlo de parroquia ante las primeras quejas e incluso enviarlo a otro país y hacer caso omiso a las peticiones de ayuda de los afectados. En algunos casos las víctimas acudieron al obispo mientras estaban sufriendo los abusos y en otras ocasiones años después, cuando el delito había prescrito, pero el acusado seguía vivo.
El caso más reciente es el de V. C. y el más antiguo data de 1952, donde un exreligioso señala al por entonces obispo de Guadix Rafael Álvarez Lara de encubrir al rector del seminario y canónico de la catedral, M. B. M., por abusar de varios niños seminaristas. Entre los acusados se encuentran prelados que ocuparon grandes puestos en la CEE, como los expresidentes Vicente Enrique y Tarancón —bajo sospecha por su gestión del caso de Cesáreo Gabaráin, el sacerdote compositor de célebre música litúrgica, que abusó de al menos a 17 niños— y Antonio María Rouco, señalado por tapar cuatro casos de abusos en la década de los años 2000. De todos los acusados, solo 14 siguen vivos.
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