Confidencial, inapelable e irrevocable. Así es el protocolo que ha tenido que firmar Enrique M. Ferrer para recibir una compensación económica de 40.000 euros por los presuntos abusos sufridos en el colegio Salesianos de Huesca. Tiene 56 años y explica que todo ocurrió en su infancia y adolescencia durante finales de los setenta y principios de los ochenta, cuando tenía entre 10 y 16 años. “Creo que han pagado por desentenderse”, resume la víctima.
Tras la firma de varias cláusulas que le obligaban a mantener silencio incluso ya terminado el proceso, el intercambio de emails con el órgano investigador, encuentros en los que ha tenido que recordar los presuntos abusos sufridos y la búsqueda de documentación que apuntale su relato, Ferrer hace balance en el sofá de su casa, delante de los documentos: “Ha sido un año horroroso”.
Las decenas de páginas que incluye esta auditoría interna recogen las exigencias que impone la Inspectoría Salesiana María Auxiliadora para otorgar una indemnización económica a víctimas de abusos sexuales en esta orden religiosa. En marzo de 2022 comenzó el procedimiento y doce meses después, la víctima ha recibido la indemnización en su cuenta bancaria.
Enrique explicó que los presuntos abusos perpetrados por J. R., que daba alguna clase a los menores, se produjeron desde que llegó al colegio: “Fue a finales de los años 70, sería en el 77-78, que empecé el 5º de EGB en los Salesianos y estuve ocho años interno”. Esta conducta se extendió “hasta 2º de BUP”, explicó en el encuentro que mantuvo en octubre con estas letradas.
El sacerdote denunciado “está llevando adelante un proceso de justicia restaurativa”, indican desde la Inspección Salesiana María Auxiliadora –la institución de esta congregación que aglutina las delegaciones de Andalucía, Extremadura, Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Catalunya, Illes Balears y Canarias–. Según explican, desde noviembre de 2021 tienen información de “su implicación en casos de abusos”. En ese momento optaron por apartarlo “de cualquier servicio pastoral y religioso, recibiendo la sanción religiosa correspondiente”, sin aportar más detalles.
El veredicto final se emitió en un escueto informe, con la palabra confidencial impresa de forma diagonal como marca de agua, que estimó la reclamación de Enrique. En él se detalla que el “grado de verosimilitud de la reclamación” es “alto” y que también es “alta” la “gravedad de la conducta examinada”. Se especifican, además, los nombres y apellidos del “reclamante” y del “religioso”.
Otra de las peculiaridades de este procedimiento se centra en que todas las partes –reclamante, religioso y congregación– deben aceptar “que el informe final de la investigación será vinculante, inapelable e irrevocable ante cualquier instancia”. Eso sí, no se recoge en el texto que el denunciante tenga derecho a conocer, en caso de que se acredite que ha sido víctima de abusos, las medidas que la orden religiosa va imponer al religioso. “Solo en el caso de considerarlo conveniente, la Inspectoría Salesiana podrá comunicar al reclamante tales medidas”, detalla el protocolo.
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