Los obispos no contemplan indemnizaciones para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia española. Esta es la gran ausencia de la Instrucción de la CEE sobre abusos sexuales aprobada por la Conferencia Episcopal durante la pasada Asamblea Plenaria y que se acaba de publicar. Un texto anunciado como un decreto general que colocaría a la Iglesia española a la cabeza de la lucha contra los abusos pero que, tras sucesivos rechazos de la Santa Sede, acabó saliendo como una instrucción. Esto es de obligado cumplimiento para las instituciones católicas de nuestro país, pero sin el carácter histórico que algunos querían darle.
En realidad, a lo que se limita el texto es a recoger la actual normativa vaticana para los casos de abusos, una suerte de vademecum con instrucciones –que se irán modificando a medida que cambie la legislación canónica– para obispos, superiores de congregaciones, directores de colegios o instituciones católicas y para los fieles en particular, en la que los obispos se comprometen a “respetar e incluso alentar” que las víctimas denuncien su caso ante los tribunales civiles.
En su preámbulo, la Conferencia Episcopal “se conmueve con el dolor de las víctimas y de sus familiares, pide perdón, y se compromete con la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia, ello tanto en el ámbito canónico como en el ámbito civil”. Lo que no hace en ninguna de sus 32 páginas es apuntar a la posibilidad de que la Iglesia abra un fondo para indemnizar a las víctimas de la pederastia clerical como sí ha hecho, por ejemplo, el episcopado francés. Recoge que, a lo sumo, –en realidad no puede ser de otra manera– cumplirían la ley si hay sentencias que condenen a cualquier institución como responsable civil subsidiaria.
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