Es algo que se ha exigido de forma permanente tanto desde instancias internacionales como desde organizaciones de derechos humanos. Pero el tiempo pasa y la reforma de los llamados "delitos de expresión" sigue sin ver la luz en la recta final de la legislatura. A pesar de ser un compromiso adquirido hace dos años por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, lo cierto es que ninguna de las múltiples enmiendas al Código Penal que ha impulsado desde entonces ha metido mano a las injurias a la Corona, las ofensas contra los sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo. Y los intentos de algunos partidos por despenalizarlos permanecen desde hace meses bloqueados en el Congreso de los Diputados.
La introducción de modificaciones alrededor de los delitos de expresión, que tantos quebraderos de cabeza han provocado a artistas y usuarios de redes sociales, volvió a convertirse en una prioridad política tras la orden de ingreso en prisión del rapero Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona. Fue en medio de esta polémica cuando el Gobierno prometió una revisión de los delitos más polémicos para eliminar las penas de privación de libertad. El derecho penal, decía entonces en un escueto comunicado, "ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos que, aun pudiendo rozar la ilicitud, su castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión".
Aquel anuncio, que vio la luz en la noche del 8 de febrero de 2021. Pero dos años después, el asunto parece haber caído en el olvido. En el plan anual normativo para 2023, que contiene las iniciativas legislativas o reglamentarias que los diferentes departamentos prevén elevar durante el año al Consejo de Ministros para su aprobación, no hay ni rastro de los delitos de expresión.
En su último examen periódico universal, dos de las recomendaciones del Consejo de Europa iban justo en esa dirección. La primera pedía "garantizar la libertad de expresión y de opinión mediante una reforma del Código Penal". La segunda planteaba una revisión relativa, en concreto, de las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos.
En la misma línea se ha pronunciado el Consejo de Europa. La última vez, esta semana. En su informe hecho público sobre la visita del pasado mes de noviembre a nuestro país, la comisaria de Derechos Humanos de la organización internacional, Dunja Mijatovic, señala que el Código Penal "contiene varios delitos cuya aplicación" ha terminado en "violaciones de la libertad de expresión". Y pide a las autoridades que lo "enmienden de forma exhaustiva" para "fortalecer las salvaguardias existentes en torno al derecho de libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica", poniendo el foco en las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo y los insultos contra las sentimientos religiosos.
Por el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos fueron perseguidos el actor Willy Toledo por publicar en Facebook "me cago en dios y en la virgen" o las participantes de la procesión del 'coño insumiso'. Y también los cómicos José Miguel Monzón, popularmente conocido como El Gran Wyoming, y Dani Mateo por un comentario sobre la cruz del Valle de los Caídos realizado en un sketch. Este último ya fue investigado por ultrajes a los símbolos por una intervención en clave humorística en El Intermedio en la que se sonaba los mocos con una bandera de España, si bien tanto uno como otro caso acabaron archivados.
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