Tomado de eldiario.es
Es marzo de 2019. Faltan dos meses para las elecciones europeas y llueve en Bruselas. Hombres de traje y corbata indican el camino a su esperado huésped. Él viste de blanco de pies a cabeza y porta unas gafas metálicas que beatifican su afilada mirada.
En la sala, sus acompañantes se dirigen a él como "padre" o "hermano", incluida la única mujer presente –la traductora– entre una treintena de hombres. Con un gesto discreto, sostiene la silla mientras su invitado, Jean-Claude Juncker, el presidente y rostro más visible de la Unión Europea, toma asiento. La puerta se cierra y la prensa queda fuera. La tormenta arrecia en la capital belga y Olivier Poquillon, el encargado de vigilar los intereses de los católicos en la UE, sabe que es un buen momento para alargar la sombra de su sotana.
La visita de Juncker a la Comisión de las Conferencias de Obispos de la Comunidad Europea (Comece) subrayó la relación entre el brazo político del Vaticano y el organismo europeo. Poquillon –su secretario general hasta el pasado mes de agosto, puesto que ahora ocupa el español Manuel Barrios– lo tiene muy claro: "Nosotros [la Iglesia católica] llevamos aquí más de 2.000 años; ellos [la UE], 60", predica este francés, uno de los religiosos más influyentes en Bruselas, en una entrevista concedida para esta investigación el pasado 9 de abril. En su oficina en el distrito europeo bruselense, a tan solo siete minutos a pie del Europarlamento, conviven una foto suya con el papa Francisco, un Mac y una bandera europea.
A unos metros del Berlaymont, el edificio más emblemático de la Comisión, se encuentra también la sede de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC, por sus siglas en inglés). "No estamos buscando privilegios para nuestras iglesias", defiende allí el reverendo eslovaco Peter Pavlovic.
El primer gran logro fue la redacción del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que fue introducido en 2007 por el Tratado de Lisboa, el hermano menor de la fallida Constitución Europea. Este artículo establece un "diálogo abierto, transparente y regular con iglesias, asociaciones religiosas y organizaciones filosóficas y no confesionales". A pesar de la oposición inicial de grupos humanistas y varios eurodiputados, el artículo 17 es la principal baza de los lobbies religiosos, pues obliga por ley a las instituciones europeas a mantener un diálogo con ellos.
Cualquier tipo de organización que trate de influir en el proceso de toma de decisiones debe estar en el Registro de Transparencia, sin importar si es una empresa, una ONG, un grupo religioso o una universidad".
Se trata, precisamente, de uno de los privilegios de las iglesias en Bruselas. Portavoces de la Comisión afirman que "los representantes de los grupos religiosos deben cumplir con los más altos estándares de ética e inscribirse en el Registro de Transparencia de la UE", pero la realidad es otra. Gracias al acuerdo del 19 de septiembre de 2014 entre la Comisión y el Parlamento y las decisiones de la Comisión del 25 de noviembre de 2014 (343/19 y 343/22), "las iglesias y comunidades religiosas" pueden reunirse con altos cargos de la Comisión sin necesidad de estar inscritas en el registro, condición que sí se aplica a otro tipo de lobbies.
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