El juez irlandés Sean Ryan (Dublín, 74 años) acude a la cita puntual. Es elegante y serio, una imagen inicial que no tarda en dejar paso a un humor ácido y peculiar. Ryan lideró la comisión de investigación independiente impulsada por el Gobierno irlandés que, tras 10 años de averiguaciones, documentó en mayo de 2009 que miles de menores, fundamentalmente niños, habían sido vulnerados sexual, psicológica y físicamente en centros religiosos de Irlanda desde 1936. La investigación, además, concluyó que la Iglesia irlandesa había tratado de esconder el escándalo. Esta comisión ha servido como modelo para otros países. Ryan, presidente de la Corte de Apelaciones de la República de Irlanda (desde 2014 hasta 2018) y juez del Tribunal Supremo entre 2003 y 2014, reconoce que hoy en día es más difícil que la Iglesia se niegue a colaborar por el cambio social que se ha producido.
Todas las congregaciones guardan registros, informes, sobre lo que sucede en los centros, incluyendo las medidas disciplinarias a los menores. En uno de ellos, digamos que se menciona que un tal hermano Sean lo ha vuelto a hacer y que su traslado de un centro a otro no ha dado resultado. Así que seguimos el rastro. A menos que tengamos evidencia de que ha dejado de hacerlo, se asume que el religioso sigue actuando igual. Preguntamos entonces a los denunciantes: confirman la información, vale. Sin embargo, la congregación alega que no hay pruebas reales de lo ocurrido. Vale, acepto que no hay un vídeo del hermano vulnerando a un menor, pero tenemos al hombre, el informe y los testimonios. Así que concluimos que este hombre cometió determinados abusos.
No puedo decirle al Defensor cómo hacer su trabajo, pero si yo fuera él, lo primero que haría es ir a la congregación y preguntarle: ¿Puedo tener acceso a tus registros? ¿No? Vale, pues voy al Vaticano. De nuevo, ¿pueden darme acceso a esos archivos? Y si se niegan porque es una institución no gubernamental, denunciar públicamente que se está encubriendo un delito, más si cabe cuando el Papa ya ha manifestado que las diócesis deben ayudar a esclarecer estos delitos. Además, si se publica en algún medio, la negativa de la Iglesia a colaborar, será cada vez más vergonzoso para la institución. En estos momentos es ya muy difícil que se nieguen, tanto la Iglesia como otras grandes organizaciones o congregaciones por el cambio social que se ha generado. Si la Iglesia se niega a colaborar y el Defensor del Pueblo se rodea de buenos abogados y periodistas, el bochorno puede ser mayúsculo.
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