La titular del Juzgado de Primera Instancia a Instrucción 5 de San Lorenzo del Escorial, Miriam Marías Fernández, ha admitido a trámite la querella presentada por la familia de los hermanos aragoneses Manuel y Antonio López Altabás (fusilados en la Guerra Civil cerca de Calatayud y trasladados sus restos en 1959 al valle de los Caídos, sin permiso de sus familias) contra la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, Carlota López Esteban, por un supuesto delito de prevaricación.
La juez de instrucción considera que “los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito/s de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.
El Gobierno había determinado la búsqueda en la zona donde habían detectado que fueron enterrados los fallecidos trasladados desde Calatayud. De hecho, esta acotación para la búsqueda acompañaba la decisión del Juzgado de Primera Instancia 2, que reconoció el derecho de un hijo y sobrino y de una nieta y sobrina-nieta de los fallecidos a darles “digna sepultura” ya que “el derecho de la persona a ser inhumada conforme a los ritos de la religión que profesa forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa, que comprende”, concluyó. (Heraldo de Aragón)
No hay comentarios:
Publicar un comentario