martes, 17 de enero de 2023

JESUITAS POR EL MUNDO

 

Tomado de elpais.com

Una víctima de abusos sexuales ha denunciado en la justicia de Chile y, por vía canónica, en el obispado de Tarragona, donde ahora reside, a siete provinciales de la Compañía de Jesús en el país sudamericano y a una docena de miembros chilenos de la orden, bien por haber encubierto los abusos que sufrió en su infancia, ya admitidos y condenados por la Iglesia, o bien por no querer investigar posteriormente esa ocultación del delito. También acudió en 2021 a los tribunales chilenos, donde la investigación por encubrimiento sigue abierta, mientras que lo hizo hace un mes a la diócesis catalana, que ha remitido la denuncia a la Secretaría de Estado del Vaticano. Hace una semana también ha llevado su caso ante la comisión del Defensor del Pueblo. David, nombre ficticio de la víctima, sufrió abusos en un colegio de la orden en la localidad chilena de Osorno, entre 1982 y 1995, a manos del jesuita Juan Miguel Leturia, fallecido en 2011. También acusa a dos arzobispos de Santiago de Chile, el cardenal emérito Francisco Javier Errázuriz Ossa, y el que está actualmente en el cargo, el cardenal español Celestino Aós Braco, de haber ignorado sus denuncias para que se investigara a los encubridores. En total, señala a 21 personas por haber mirado para otro lado durante años y desoír sus peticiones de justicia.

La Iglesia chilena ya condenó en 2006 a Juan Miguel Leturia, tras la denuncia de esta víctima, pero lo hizo en secreto, sin informarle de nada. La pena fue apartar al cura del contacto con menores y de dar misa durante tres años, pero no juzgó el encubrimiento de los hechos de quienes conocían sus abusos. Y más de 15 años después sigue sin hacerlo, un tiempo en el que diversos responsables eclesiásticos, afirma este afectado, han continuado ignorando sus denuncias y respondiéndole con evasivas. Como otras víctimas ninguneadas, siente que nunca nadie en la Iglesia se ha preocupado realmente de escucharle, ni de profundizar en toda la verdad del caso, y espera que ahora lo haga el papa Francisco.

David siente que llevan años mareándole y ocultándole la verdad. Para empezar, no fue hasta 2010 cuando se enteró del resultado del proceso canónico y descubrió que no se había investigado ni castigado a los responsables del encubrimiento. Y fue porque, tras irse a vivir a España, acudió a la archidiócesis de Barcelona a pedir ayuda para que le dijeran qué había pasado con su denuncia. Tras varios trámites, el Vaticano obligó a los jesuitas a que le informaran y solo entonces supo que se habían limitado a una ligera pena a su agresor. En 2019, animado por la ola de denuncias de abusos contra la Iglesia en España, decidió volver a pedir justicia y, de nuevo a través de la diócesis de Barcelona, presentó una denuncia canónica por encubrimiento, pero desde el Vaticano le respondieron que sus acusaciones eran “vagas”. Por eso ha vuelto a denunciarlo con un relato más pormenorizado que espera que permita reabrir su caso, como ha ocurrido recientemente en España con el del colegio vizcaíno de Gaztelueta, del Opus Dei, que el Papa ha ordenado volver a investigar, descontento por cómo se abordó la primera vez. David cree que las autoridades religiosas han “corrompido repetidamente” las investigaciones sobre su abusador.

La denuncia acusa a los últimos siete provinciales de la orden en Chile: principalmente a Juan Ochagavía y Guillermo Baranda, pero también a Fernando Montes, Eugenio Valenzuela —que en 2019 presentó su renuncia como sacerdote por estar acusado de abusos sexuales—, Christian Brahm, Christian del Campo y Gabriel Roblero, este último actualmente en el cargo. Junto a ellos, sacerdotes y rectores del colegio y otros responsables eclesiásticos.

David es una de las más de mil personas que han escrito a EL PAÍS para relatar su caso. Él lo hizo en 2020, en plena pandemia. Los abusos, asegura, comenzaron en 1988, cuando tenía 13 años y estudiaba en el colegio de San Mateo de la Compañía de Jesús en Osorno. Leturia llevaba varios meses como director del centro y, de manera periódica, empezó a llevar a este alumno y a un compañero a la rectoría. “Nos dijo que éramos sus elegidos”, cuenta el denunciante. Durante esas visitas, relata, Leturia abusaba de ellos. “Después de esos encuentros, me cruzaba por los pasillos con sacerdotes jesuitas de la comunidad, que posteriormente ocuparon los cargos de rector”, relata. Asegura que tenían que saber lo que pasaba. En concreto, señala a Thomas Gavin y Alejandro Pizarro Bermúdez, jesuitas que años después ocuparon el cargo de rector del colegio.

Los jesuitas no dejaron de instigarle. “Incluso lo hicieron a través de los medios de comunicación, hablando de que era una persona que solo buscaba dinero y desprestigiar a los jesuitas. Eso me afectó muchísimo”, afirma. La Compañía abrió finalmente una investigación canónica contra Leturia, pero no informó a la víctima de ello, por lo que no declaró durante el proceso, como marca el derecho canónico. Además, obligaron a un jesuita amigo de la víctima —actualmente retirado— a que escribiera un documento contra él para enviarlo, con la sentencia, a la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma. En ese texto acusaba a David de ser “una persona psicológicamente desequilibrada y emocionalmente inestable”. EL PAÍS ha contactado con dicho exreligioso y corrobora esa versión. “El fin era desacreditar su testimonio”, admite.

Leturia fue condenado canónicamente en 2006 a una pena que incluía un tratamiento psicoterapéutico. “Todas las penas impuestas no se cumplieron y Leturia, quien gozaba de total libertad de movimientos, continuó abusando de niños de la calle o en grave riesgo social”, asegura David. Ningún miembro de la orden fue juzgado por encubrir, ocultar o silenciar los abusos, a pesar de que figuraban como tales en el relato de la víctima. “Los principales instigadores de los delitos de encubrimiento y fraude procesal fueron los superiores jesuitas Guillermo Baranda y Juan Ochagavía, que aún siguen impunes ejerciendo el sacerdocio”, acusa.

El pederasta murió el 22 de diciembre de 2011. En el funeral, el provincial Valenzuela definió a Leturia como “un hombre que hizo mucho bien, que queremos celebrar, y al mismo tiempo un hombre herido, que cometió errores”.

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