Una víctima de abusos sexuales ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad de México en la que solicita la inhabilitación como obispo del titular de Huesca y Jaca, Pedro Aguado Cuesta, al que acusa de “encubrimiento institucional de pederastia” de un sacerdote mejicano escolapio, José Miguel Flores, ya fallecido hace tres años, en concreto el 7 de agosto de 2022. El afectado incide en su exigencia de que se constate la defunción, aunque Escolapios ha encontrado el acta que entregará a la Justicia del país.
El papel del Padre Pedro en este asunto se inició en 2019, cuando la víctima decidió denunciar abusos sexuales que se remontaban a 2006 y que explicitaba en la denuncia ante la Fiscalía General. El entonces Superior de Escolapios recibió en Roma a la madre de Javier Alcántara y posteriormente se fue a reunir con él a Cancún, para posteriormente ayudarle con un trabajo y una beca universitaria. Trasladó el asunto a la Santa Sede para que abriera un proceso de investigación con posterior fallo que expulsaba al cura de tal condición.
Sin embargo, sobre la decisión del afectado pesan dos cuestiones: entender que, pese a una sentencia vaticana, el victimario Flores no fue apartado plenamente del sacerdocio y, por otro lado, la ordenación episcopal en Huesca de Aguado Cuesta, del que se sentía defraudado por el primer motivo. La Orden Escolapia, por el contrario, expone que la sentencia de la Santa Sede tras la investigación del Padre Superior determinó la dimisión del estado eclesial, esto es, la expulsión, que es la mayor condena a un cura, y que fue comunicada a Alcántara por el propio Pedro Aguado.
Alcántara ha ahondado después en la cuestión al asegurar que la Fiscalía le ha informado que no existe acta de defunción de José Miguel Flores, por lo que con su abogado pretende que el Juzgado emita una Orden de Búsqueda y Captura de la Interpol del propio presunto pederasta, del Padre Pedro Aguado y del también escolapio Fernando Hernández.
