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martes, 8 de mayo de 2018
PROFESORES DE RELIGIÓN QUE COBRAN SIN DAR CLASE
Tomado de eldiario.es
El colegio de Infantil y Primaria Maestro Juan González, en el municipio gaditano de Los Barrios, tiene dos profesores de Religión en plantilla, pero sólo uno da clases. La otra no tiene carga horaria desde 2015, aunque sigue asistiendo regularmente a su puesto de trabajo y cobrando 1.400 euros netos al mes. La situación de esta maestra de Religión no es aislada, se repite en al menos una veintena de colegios andaluces. Todos ellos denunciaron por escrito ante la Administración educativa que les habían asignado un profesor de Religión de más, o que les habían contratado por más horas de las que su centro necesitaba para esta asignatura. Pero nadie ha corregido este desfase en tres años.
El Ministerio de Educación, que es quien contrata a los profesores de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía, lleva tres años pagando a maestros que no dan clases, pero siguen acudiendo a su centro y cobrando. Esta situación se repite desde 2015, cuando el Gobierno de Susana Díaz redujo el horario de Religión en Primaria. Como consecuencia, sobraban maestros en mucho colegios. Sin embargo, el Ministerio ha seguido renovando sus contratos los cursos siguientes y la Consejería de Educación les ha confirmado sus plazas. Cuántos profesores de Religión están en esta situación y cuánto está costando a las arcas públicas son dos preguntas que ni el Gobierno ni la Junta de Andalucía han querido responder, pese a estar al corriente del problema desde el principio.
Las denuncias por escrito ante las administraciones educativas, y en algún caso ante la Archidiócesis correspondiente, no han servido para solucionar este enredado conflicto, que ha provocado fricciones en muchos colegios, donde los maestros de Religión que se quedaron sin carga lectiva reprochan a sus directores que intentasen “dejarles sin sueldo y sin trabajo”. El director de uno de los centros afectados, que pide anonimato, se ha planteado denunciar la situación de su escuela ante los tribunales “un delito de prevaricación”. “A la Administración educativa le consta por escrito que está destinando recursos públicos a nada productivo, y sigue prolongando esta situación tres años después. Y durante ese tiempo hemos visto recortes de personal y de presupuesto en la escuela pública”, se queja.
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