La institución católica, la mayor propietaria privada de patrimonio en España, se acoge a las exenciones para ONG para arrendar pisos y locales sin pagar IBI. la organización Europa Laica pide a los ayuntamientos que identifiquen exenciones injustificadas a parroquias, diócesis y congregaciones.
“Es increíble que en 2018 siga siendo la sociedad civil la que se tenga que dedicar a expurgar los datos, mientras la mayoría de ayuntamientos no hace nada para comprobar cuándo la exención está justificada y cuándo no”. Son palabras de Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica y obstinado buscador de información acerca de las exenciones del IBI a los inmuebles de la Iglesia. Su valoración viene al hilo de la información, publicada por infoLibre, que desvela que una sentencia firme ha obligado al Obispado de Mallorca a pagar el IBI por tres negocios vinculados al santuario de Lluc, en Escorca, un hito destacado en el cuestionamiento de los privilegios fiscales de la institución católica. ¿Cuántos casos similares hay en los que los consistorios no hacen nada, como sí hizo el alcalde de Escorca, para averiguar si la exención se basa realmente en los supuestos previstos por la ley o se está produciendo una suerte de exención generalizada consagrada por la inercia de décadas de manga ancha?, se pregunta Picó. La Conferencia Episcopal no responde si la sentencia de Escorca es extrapolable a otros bienes. Son, asegura, datos de cada diócesis. La Federación Española de Municipios y Provincias afirma que no ha tocado el tema del IBI. La Agencia Tributaria no tiene datos.
La exención del IBI, asentada en el acuerdo económico entre el Estado español y el Vaticano de 1979 y desarrollada legalmente con posterioridad, está en teoría diseñada para proteger el culto y las funciones pastoral y social de la Iglesia católica, no para dar cobertura a actividades lucrativas.
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