El pasado 8 de marzo, el presidente brasileño Jair Bolsonaro estuvo reunido durante dos horas con unos 280 dirigentes evangélicos, entre los que había 90 diputados federales, ocho senadores y 22 pastores, a los que prometió: “Yo dirijo la nación para el lado que los señores así lo deseen”. Esta sorprendente afirmación parece tener poco recorrido, teniendo en cuenta que las encuestas dicen que a Bolsonaro le quedan pocos meses en el poder, ya que perdería las elecciones de fin de año. Pero tiene una gravedad institucional evidente, ya que entra en conflicto con el artículo 5 de la propia Constitución y contradice el carácter laico del Estado.
Un editorial del diario O Estado de São Paulo, afirmó: “La oferta de Bolsonaro a los pastores evangélicos es coherente con la guerra particular que los bolsonaristas llevan a cabo contra el Estado Democrático de Derecho. Con sus homenajes a torturadores y milicianos, Bolsonaro relativiza derechos y garantías fundamentales; con sus ofensas y discursos misóginos, le falta al respeto a la dignidad de las mujeres; con sus elogios a la dictadura militar, se burla de las libertades cívicas. Y ahora subvierte la propia noción de poder público, que, en vez de atender a todos, está explícitamente orientado a servir una agenda religiosa”.
Con el actual gobierno, las iglesias evangélicas han recibido numerosos beneficios económicos, en forma de ventajas fiscales y perdón de deudas. Y han logrado imponer su visión conservadora en las políticas oficiales. De cara a las elecciones de fin de año, los principales candidatos han comenzado ya a tratar de seducir a pastores y obispos evangélicos, aunque el bolsonarismo parece tener el apoyo de la mayoría de sus dirigentes.
Pero es en el campo de la Justicia donde el gobierno intenta que la influencia de los evangélicos sea más perenne. En el Supremo Tribunal Federal ya logró colocar a dos miembros evangélicos, con la tarea de torcer lo que consideran una orientación liberal del máximo tribunal, que viene fallando a favor de minorías amenazadas: reconoció el matrimonio homosexual, permitió el aborto en determinados casos y criminalizó la homofobia.
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