Cuando los tres curas llegaron a la ermita, Andrés Jesús Palomo pensó que aquello era un poco raro. Como cada Domingo de Ramos, estaba todo preparado para la romería, misa y procesión, pero allí, en ese modesto templo de 200 metros cuadrados perdido en los montes de Málaga, ya había un sacerdote, solo uno, igual que siempre en esa fecha. Esta vez, en cambio, se sumaron otros tres. Palomo, dueño del inmueble, no los había visto nunca. Llevaban cámaras de fotos.
Sin hablar con nadie, los curas se dedicaron a tomar imágenes del edificio, que Palomo había restaurado durante los últimos diez años con su dinero y sus manos. Fotografías de las sólidas vigas del tejado, de los bancos de madera, del reluciente suelo, de las blancas paredes, de la imagen de la Virgen de los Dolores y de los servicios para mujer y hombre, recién instalados. Fotografías de las nuevas verjas, de la pila bautismal, del coro y del púlpito.
Pocos meses después, en 2013, la Diócesis de Málaga acudió al Registro de la Propiedad y se quedó la ermita, inscribiéndola a su nombre mediante su sola palabra. "Yo no entendía nada", recuerda Palomo. El inmueble había sido de su abuelo, que lo compró a un vecino en 1955; después de sus tíos, que lo heredaron, y por último de él, que lo adquirió en 2003 y lo registró en 2007. De un día para otro, pasaba a ser de la Iglesia Católica, sin aportar ningún documento. "Pertenece esta finca al Obispado de Málaga desde tiempo inmemorial, no pudiéndose determinar las circunstancias relativas al título o modo de adquisición", se limita a señalar la escritura.
Después comprendí que habían esperado a que la ermita estuviese arreglada, y que por eso habían estado allí los tres curas tomando fotos. Para comprobarlo y tener pruebas". El obispado, por su parte, subraya que ha "actuado conforme a la ley".
Tiene razón. Una norma permitió hasta 2015 a la Iglesia Católica quedarse con cualquier inmueble que estimara oportuno sin necesidad de presentar ningún documento. Bastaba su firma. El sistema, conocido como inmatriculaciones y absolutamente anómalo en el contexto internacional, fue derogado tras una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ha sido objeto de largas negociaciones entre la Conferencia Episcopal y el actual Gobierno, que el pasado enero llegaron a un acuerdo: los prelados reconocieron que la titularidad en casi mil inmuebles a su nombre era dudosa.
Palomo confiaba en que el pacto sirviese para que la Diócesis de Málaga admitiera el error con la ermita y todo quedase por fin resuelto, pero el templo no aparecía en el listado de los bienes en discusión. Por eso ahora, mientras se prepara para acudir a los tribunales, ha decidido contar su historia.
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