El obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, ha recolocado al sacerdote Ignacio Lojas Obregón, condenado a 16 meses de cárcel en 2004 por corrupción de menores y distribución de pornografía infantil, como párroco de Almoharín y Valdemorales. Así aparece en el boletín de nombramientos para el próximo curso pastoral que el obispado publicó a finales de junio. Pese a que Lojas se instaló oficialmente en Almoharín el pasado 28 de agosto, anteriormente ofició misas en Almoharín junto con el que ahora es su ahora antecesor, Carlos Piñero, según aparece en una publicación de Facebook de la Hermandad y Cofradía Virgen de Sopetrán. Como párroco, este sacerdote será el encargado de coordinar las actividades pastorales de los menores de la localidad, como las catequesis para tomar la primera comunión. La diócesis no ha querido explicar las razones del nombramiento, solo ha precisado a este diario que “ha tomado las medidas pertinentes para que la parroquia sea un espacio seguro para los menores” y ha asegurado que el presbítero “cumple con la otorgación del certificado negativo de delitos sexuales emitido por el Ministerio de Justicia”. El sacerdote no ha querido hacer ninguna declaración, salvo que “la diócesis nunca ha tenido intención de ocultar nada y siempre ha actuado con total transparencia”.
Lojas fue arrestado en 2002 por formar parte de una organización dedicada a promover agresiones y pornografía infantil por internet, la red se extendía hasta países de Latinoamérica, como México y Argentina. En aquel momento, Lojas era el párroco en Casares de las Hurdes (413 habitantes), tenía 29 años y vivía en la casa parroquial junto con su madre. Los vecinos de la localidad afirmaron cuando estalló el escándalo que el sacerdote se pasaba las horas “enganchado al ordenador”. Cuando el juez ordenó su ingreso provisional en prisión, un grupo de vecinos del pueblo recogió 70 firmas a favor del cura.
El entonces obispo, Ciriaco Benavente, le visitó en su celda y afirmó ante los medios que el condenado se arrepentía, destacó la “conducta ejemplar” del pastor y ensalzó que “gozaba de la estima de cuantos le habían conocido y tratado”. Lojas fue arrestado junto con otras personas más, de entre 50 y 15 años, dentro de la operación policial Asterisco. La Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional informó que la red a la que pertenecía el sacerdote creaba accesos restringidos a páginas web y “almacenes virtuales” con pornografía infantil. Los miembros, que según el Ministerio de Interior almacenaban una cantidad ingente de material pedófilo, recurrían a plataformas en la red para “comentar e intercambiar experiencias”.
El clérigo reconoció el delito, pero no pisó la cárcel, ya que la pena era menor a dos años y no tenía antecedentes penales. Tras el fallo en 2004, el condenado siguió oficiando misas en varias parroquias cercanas a Casas de las Hurdes: Riolobos (1.301 habitantes), Holguera (673) y Valdencín (382). La diócesis continúa sin informar si abrió un proceso canónico contra el cura y si comunicó al Vaticano de ello, como estaba obligada. De hecho, el sacerdote ha continuado en contacto con menores. Este diario destapó hace tres años que entre 2014 y 2015 coordinó la catequesis en la parroquia de Riolobos con personas con discapacidad, de las que el 10% eran niños. El obispo por aquellas fechas, y responsable último responsable de los trabajos pastorales era Francisco Cerro Chaves (actual arzobispo de Toledo). Una fuente de la diócesis afirmó que el obispo sabía que Lojas estaba condenado por corrupción de menores cuando participó en las actividades pastorales con menores. Finalmente, Cerro cesó en setiembre de 2015 al cura de la dirección de la parroquias de Riolobos, Holguera y Valdencín, aunque no argumentó las razones y cuál sería su siguiente destino.
La diócesis tampoco ha explicado por qué los dos obispos anteriores al actual, Benavente y Cerro, no tomaron las medidas oportunas. No es la única actuación de este tipo que pesa sobre Cerro. Como arzobispo de Toledo, tampoco tomó medidas contra P.F.R.R., cura y director espiritual del seminario menor Santo Tomás Villanueva de Toledo, que está siendo investigado por abusos por la justicia. De hecho, le nombró miembro de la vicaría para el clero en 2020.
El ocultamiento, el silenciamiento y encubrimiento de los casos de pederastia por los obispos ha sido un fenómeno constante dentro de la Iglesia católica española, donde al menos 39 de ellos están acusados y señalados de haber tapado casos de los que han tenido constancia, según ha podido acreditar este diario a través de sentencias canónicas, documentos inéditos y denuncias de las víctimas. Otros purpurados, como el caso de Benavente y Cerro, no están señalados de tales actos, pero la permisividad con la que han tratado a algunos acusados o incluso condenados refleja la pasividad de la Iglesia a la hora de erradicar este problema en el pasado.
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