Gil José Sáez Martínez, vicario judicial del Obispado de Cartagena, reflexiona sobre los abusos a menores por parte de sacerdotes.
Pregunta. ¿La Iglesia española silenció en el pasado casos de abusos sexuales?
Respuesta. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia cogían y decían: “Fulanito, te mandamos a tal sitio”. Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacía en el otro. Eso se hacía en toda la Iglesia universal durante el siglo XX, incluida España.
P. Si un obispo o sacerdote tiene conocimiento de un posible abuso, ¿está en la obligación de trasladarlo a la fiscalía si la familia del menor no lo ha hecho?
R. Sí, como dispone el artículo 13.4 de la Ley de Protección al Menor. El papa Benedicto en su carta a la Iglesia de Irlanda le dice a los sacerdotes y obispos que deben cooperar con la justicia civil. Y cooperar significa cooperar. Si son menores de edad, comunicarlo automáticamente a la autoridad civil y, si son mayores de edad, animarles a que denuncien ante la autoridad civil, independientemente del procedimiento canónico. El silencio y el encubrimiento de las víctimas que, además, ha sido un silencio impuesto, hace que esas personas estén gimiendo de dolor y que esas heridas que tienen jamás se les curen.
P. En el protocolo de actuación publicado por la Conferencia Episcopal en 2010 se señala que cuando el religioso conozca un caso, “invite” a la familia a que denuncie. Solo tres de las diócesis consultadas tienen otros protocolos, donde se señala tajantemente que los religiosos deben acudir a la justicia ordinaria. ¿Por qué esa diferencia entre los protocolos publicados por la Conferencia y estos tres?
R. Los protocolos se publicaron en diciembre de 2010. Cuando se colgaron en la web, algunos obispos españoles desconocían su existencia. Desde entonces, la Conferencia Episcopal no los ha modificado conforme a la Carta Circular de la Congregación de la Fe de 2011. Desde mi punto de vista, es un protocolo que deja a la víctima en un segundo lugar. No hay un equilibrio entre presunta víctima y presunto agresor.
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