La Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones.
El problema que más inquieta y preocupa al papa Francisco, la pederastia en la Iglesia, solo se conoce parcialmente en España a través de los casos tramitados en los tribunales de justicia. Los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores de edad. Las penas impuestas han ido desde la multa económica hasta los 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.
Mientras que el Código Penal castiga los abusos a menores con años de cárcel, los tribunales eclesiásticos aplican el Código Canónico, que solo prevé penas de privación del oficio de párroco durante un tiempo determinado y, en casos muy graves, la expulsión del estado clerical.
Los nuevos protocolos recuerdan que desde 2015 hay una ley vigente en España de protección jurídica del menor que les obliga a notificar las denuncias que reciban. “Toda persona que tuviera noticia, a través de cualquier fuente de información, de un hecho que pudiera constituir un delito contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos, o de explotación de menores, tendrá la obligación de ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal”, señala su artículo 13.4.
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