La Diócesis de Santiago, que abarca 109 municipios gallegos cuyos límites son, al norte, Ferrol, y al sur, Baiona, posee 6.847 bienes, según el registro del Catastro. De todo tipo: desde la emblemática Catedral de la capital gallega y otros 63 Bienes de Interés Cultural de incalculable valor histórico y artístico hasta cultivos de eucalipto, fincas agrarias, viviendas, locales comerciales, plazas de garaje o vulgares trasteros. Un patrimonio que representa 31.133.540 metros cuadrados, una superficie equivalente a 3.113 campos de fútbol. Están valorados por Hacienda en un total de 300,1 millones de euros. Una cifra bien ínfima y alejada de su precio en el mercado. Una cuarta parte de esas propiedades (1.677) son bienes urbanos de uso no religioso.
La discreción de la curia sobre su faceta inmobiliaria es legendaria. Se esmera en no facilitar pistas. Y menos cuando el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en cartera determinar la naturaleza y extensión exactas del patrimonio eclesiástico y garantizar que se paguen impuestos, incluido el que grava bienes inmuebles (IBI), por todas las actividades y propiedades que no tengan que ver con acciones estrictamente religiosas o sociales. Solo en el término municipal de la capital gallega, los dominios de la curia de uso no religioso sumaban hace una década unos 850.000 metros cuadrados. Unos 200 bienes en total, según el registro catastral.
En las cuentas de la Diócesis de Santiago, unos 21,2 millones de euros en 2018, menor es el peso de lo que recauda en alquileres: son apenas 1,12 millones, un 5% de sus ingresos anuales. En la partida de "recursos extraordinarios", la enajenación de patrimonio, sea por cesión o venta, le reportó 883.155 euros. Sus bienes tampoco aparecen inventariados en el estudio que la curia encargó a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) para determinar el impacto en la sociedad y la economía de Galicia de una diócesis que incluye la capital autonómica, A Coruña y Pontevedra.
Resulta evidente que sus posesiones, sean de carácter rústico con fines agrarios (poco más de la mitad, 3.492 bienes) o urbano, tienen repercusión socioeconómica, reconoce el profesor Xosé Antón Rodríguez, coordinador del informe. Pero habría que desplegar muchos recursos y esfuerzos para averiguar el uso, destino y beneficios de un opaco patrimonio eclesiástico. Ni siquiera el Estado lo tiene catalogado al margen del Catastro, remarca Rodríguez.
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