La tribuna del Congreso de los Diputados se ha llenado este jueves de víctimas de pederastia de la Iglesia católica, durante años invisibilizadas, para escuchar, por primera vez en la historia de la democracia española, un debate parlamentario sobre el escándalo de los abusos relacionados con el clero. Un año después de terminar su Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, el Defensor del Pueblo ha acudido al Pleno para defender su trabajo y apremiar a los diputados —que le encomendaron por amplia mayoría la investigación en 2022 (solo Vox votó en contra)— para que acojan las 24 recomendaciones que ha incorporado en su estudio. La más importante: indemnizar a las víctimas de pederastia en la Iglesia.
El Defensor, Ángel Gabilondo, propone la creación de “un fondo estatal” para el pago “en aquellos casos en los que, por la prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar el caso penalmente. Un órgano independiente, “de carácter temporal” y formado para la ocasión, instauraría el procedimiento a seguir por los afectados. En su discurso como Defensor del Pueblo, la idea más clara de Gabilondo ha sido reclamar al Estado y la Iglesia que “colaboren juntos” para indemnizar a las víctimas de pederastia. “Considero imprescindible que, por el bien de las víctimas, adopten compromisos conjuntos”, ha declarado.
El resultado del trabajo del Defensor fue demoledor: un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima la encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. Las conclusiones fueron muy críticas con los obispos españoles y varias órdenes religiosas, que en algunos casos ni siquiera contestaron a los requerimientos de la comisión del Defensor. El documento también corroboraba que la Iglesia encubrió cientos de casos a la vez que protegía a los pederastas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario