En el caso de Francia, paradigma del Estado laico, desde 1905, todos los templos son propiedad del Estado, que cede su uso a la Iglesia católica. Y es el Estado quien se hace responsable de la conservación y restauración de su patrimonio, así como de los seguros (Notre–Dame no estaba asegurada) y el personal.
En España, sin embargo, la situación es bien distinta. Aunque oficialmente somos un Estado aconfesional, la influencia y privilegios de la Iglesia católica son innumerables, comenzando por el hecho de que las catedrales y templos son propiedad de la Iglesia, aunque se trate de patrimonio cultural e histórico.
Esto implica que es la Iglesia la que se encarga de cobrar entradas y decidir el uso que se da a dichos templos. De ahí la importancia de que no se sepa cuántos inmuebles han sido registrados a nombre de la Iglesia gracias a la famosa 'Ley Aznar'. En lugares como la mezquita de Córdoba o la catedral de León, por poner dos ejemplos de patrimonio de la humanidad, es el obispo del lugar quien puede decidir quién entra y quién no, qué exposición o concierto puede darse, o si la construcción tiene o no seguro.
El auténtico problema viene al comprobar cómo, aunque la Iglesia es la única que decide sobre los muros de sus templos, quien financia buena parte de su mantenimiento, seguridad y personal son las administraciones públicas. Además, tanto el Estado como las distintas administraciones regionales, provinciales o municipales también financian la conservación de estos templos, con infinidad de convenios que sería imposible relatar en un artículo.
Uno de los ejemplos más claros está en el Plan Nacional de Abadías, Monasterios y Conventos, suscrito en 1997 y que sirve para financiar la conservación, iluminación y restauración de las 95 catedrales españolas, en virtud de una cierta "compensación" a la Iglesia católica tras la desamortización de Mendizábal de 1822 y la "persecución religiosa" durante la II República.
Desde entonces, vía Presupuestos Generales del Estado, se han financiado con al menos 500 millones de euros las restauraciones de centenares de templos en todas las provincias españolas. Primero, a través del desaparecido 1% Cultural del Ministerio de Fomento y, desde 2004, a través del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Esta financiación para que la Iglesia mejore sus bienes, muchos de los cuales están abiertos al público y cobran entradas que se quedan los religiosos
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