La Iglesia cosechó en 2020 un saldo favorable de 32,09 millones de euros sobre el total de 298,01 millones recibidos del dinero recaudado vía IRPF por Hacienda, según la información de la última memoria económica de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Esto significa que a la institución católica le sobraron del ejercicio 2020 –una vez destinados los recursos públicos a distintas finalidades, fundamentalmente a pagar los sueldos dependientes de las 70 diócesis– más de 32 millones de euros, un 10,7% de lo recibido. De ese remanente, la CEE dio 5,8 millones a Trece TV y asignó a su fondo de reserva casi 26,3 millones. Se trata del máximo saldo favorable y de la máxima aportación al fondo de reserva de la serie de memorias de la CEE, que arranca en 2007.
El Tribunal de Cuentas acreditó en un informe de fiscalización publicado en julio de 2020 graves insuficiencias a la hora de alcanzar esta finalidad. No obstante, el contenido publicado cada año sí es suficiente para acreditar que la Iglesia utiliza una parte del dinero público recibido para una doble finalidad: 1) dotarse de un colchón económico; 2) alimentar a una empresa, concretamente Trece TV. La CEE dedica fondos del superávit a Trece al menos desde el ejercicio 2016. Antes ya había enviado fondos del IRPF a esta televisión, pero dentro de la partida de "actividades pastorales".
Tomando como referencia los últimos cinco años, el superávit de la Iglesia ha sido de 83,8 millones, de los que 36,36 han ido a Trece TV (43,39%) y 47,44 (56,61%) al fondo de reserva, según el análisis de las memorias anuales de la Conferencia Episcopal.
A ojos del Tribunal de Cuentas, no sólo es controvertido que la Iglesia acumule un remanente. También lo es el destino que le da. El porqué tiene un nombre: Trece TV. El informe de fiscalización recalcaba que las memorias de 2016 y 2017 recogían “aportaciones de fondos propios a una entidad mercantil controlada por la Iglesia [Trece TV, entidad que no menciona por su nombre el informe final] por importe de 20 millones de euros procedentes de la asignación tributaria”. El Tribunal de Cuentas, que recomendaba la regulación del "tratamiento que debe darse a los eventuales superávits", también pedía al Estado "comprobar si el destino" del dinero público es compatible con el derecho comunitario. Esto ponía esta entrega de dinero bajo sospecha de constituir una ayuda de Estado, prohibida por la Unión Europea.
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