La Fiscalía General del Estado desdeña que la propia Iglesia católica se investigue a sí misma sobre los casos de abusos a menores cometidos en su seno y su encubrimiento. Califica, además, “de escasa utilidad” el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para que lleve a cabo este cometido: “Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad las auditorías o investigaciones parciales encomendadas por parte de la Iglesia a despachos de juristas privados, donde las víctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiere a ellas con el término ‘afectados”, precisa el ministerio público en un informe que remitió el martes al Defensor del Pueblo, en el que analiza desde su perspectiva el problema de los abusos y cómo afrontarlo. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, advierte de que este tipo de comisiones deben ser independientes, y estima “esencial” la presencia de la Fiscalía en la investigación que el Congreso de los Diputados ha encargado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El ministerio fiscal ordenó a comienzos de año a los 17 fiscales superiores de toda España que le remitiesen los procedimientos penales (denuncias y querellas) en tramitación referidos a abusos a menores cometidos por miembros de la Iglesia. Recibió 68 procedimientos, aunque no destacó cuáles correspondían al ámbito católico y cuáles a otras instituciones religiosas. El recuento, valorado por la Fiscalía como “meramente referencial”, no reflejaba la amplitud del problema, ya que la cifra resultante era una fotografía de un instante, la de los casos abiertos de 2022. En ese cómputo no se incluyen las sentencias condenatorias del pasado y tampoco los casos que no llegan a la justicia civil, sino que se instruyen en los procesos canónicos. Por otro lado, la gran mayoría de estos delitos no han visto la luz, bien porque las víctimas nunca lo han contado o la Iglesia los ha silenciado.
En el texto, el ministerio público, apoyado con aportaciones de expertos en el tema, describe el problema de los abusos como una “realidad criminal de incuestionable gravedad”, en la que subyace una gran responsabilidad por parte de los obispos y superiores de las órdenes religiosas, que frecuentemente supieron de estos delitos en el pasado y no hicieron nada: “Ese conocimiento previo de los hechos por parte de los superiores jerárquicos de la institución ha podido ser el motivo, entre otros, del desconocimiento del número real de casos, de que se hayan silenciado muchos de ellos y de que en el momento de intentar detectar la dimensión de lo ocurrido nos encontremos con archivos secretos, denuncias silenciadas o cierto encubrimiento de los hechos, que tiene como coartada el tiempo que ha pasado o la minimización de lo ocurrido, lo que sin duda eleva el grado de sufrimiento para las víctimas”.
La Fiscalía valora que “esa situación de ocultamiento”, “la minimización de los abusos sexuales por las congregaciones religiosas” y la escasa “asunción de responsabilidades” son los motivos por los que las indagaciones promovidas por la propia Iglesia carecen de un valor real y no cubren totalmente las necesidades de las víctimas. “Lógicamente, la desconfianza que despierta esta investigación en ellas les impide tramitar su denuncia con unas garantías mínimas o serias de que se pueda llevar a trámite”, explica.
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