El Nuncio, representante del Papa en España, Bernardito Auza, quien se lanzó este lunes a secundar la política antiabusos de la Iglesia española y su "transparencia", se negó a entregar el expediente canónico de una víctima, pese a que se trata de un derecho reconocido por la legislación vaticana. "Cierto que se trata de un triste y lamentable suceso, el cual, sin embargo, pertenece a un caso de materia juzgada", justificaba su negativa el 'embajador' del Papa en una carta remitida el 6 de abril a la asociación Infancia Robada, de supervivientes de la pederastia eclesial.
Apenas unos días después de esta misiva, Auza sorprendía con una encendida defensa de los obispos españoles tras la polémica con la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que señaló el ocultamiento de estos delitos durante mucho tiempo por parte de las autoridades católicas. "Nadie puede poner en duda la credibilidad de la Iglesia en sus declaraciones y actividades", y "nadie puede interpretar falta de transparencia o negativa a secundar lo que el Papa pide al respecto", añadía Auza, quien avalaba expresamente la defensa que la Secretaría General de la Conferencia Episcopal hacía el viernes acusando a Belarra de "ensuciar la actividad de la Iglesia, presa de un rancio anticlericalismo". La ministra había señalado durante el Pleno de aprobación de la Ley de Protección a la Infancia que la Iglesia católica "ha sido cómplice demasiadas veces en nuestro país, encubriendo la violencia sexual" y ha reiterado en una carta este martes que la Iglesia española "está lejos de cumplir con lo que exige el Papa".
Una semana antes estas palabras en el Congreso, el representante vaticano firmaba la carta a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que respondía a un escrito de la representante de la asociación Infancia Robada, Ana Cuevas. Ella se quejaba del trato recibido por una de las víctimas del sacerdote Ramos Gordon en La Bañeza, Javier, que realizó el pasado 29 de marzo un viaje de 400 kilómetros para entregar nueva documentación recabada sobre sus abusos. La Comisión Antipederastia de la diócesis de Astorga le despachó diciendo que no podía recibir la información y tampoco permitirle el acceso a la documentación de su caso. En total, 800 kilómetros para tres minutos de conversación y un rechazo sin paliativos.
En su respuesta, el nuncio, aunque admite que "se trata de un triste y lamentable suceso", vuelve a negarse a entregar al superviviente su expediente canónico, al considerar que se trata de "un caso de materia juzgada finalizada, tanto ante los tribunales civiles como eclesiásticos, siendo estos últimos quienes, en varias ocasiones, han informado a la víctima, de la finalización de dicha causa". En ninguna de esas ocasiones se le ha entregado a la víctima, como es su derecho, reconocido por las normas vaticanas, su expediente canónico.
"Ciertamente, las víctimas requieren de un proceso de acompañamiento y de escucha, pero al mismo tiempo, hay normas, reglas y principios legales fundamentales, como la irretroactividad de las leyes y la reserva de ciertos actos para la salvaguardia de derechos, los cuales no pueden ser ignorados ni mucho menos violados sin contravenir graves amenazas para la garantía jurídica de estos no fáciles procesos jurídicos", trata de justificarse el Nuncio, quien no obstante ha enviado la documentación –que no quisieron aceptar los responsables de la Comisión Antipederastia de Astorga– "ante las autoridades competentes indicadas". Esto es: "a la mencionada Delegación, el obispo de dicha diócesis y la Congregación para la Doctrina de la Fe".
El Nuncio, además, ni siquiera contesta a la petición de Infancia Robada de ser recibidos por el representante del Papa. "Tras casi dos años como Nuncio, ¿se ha puesto en contacto con alguna víctima?" responde Ana Cuevas, desde Infancia Robada. ¿Se ha puesto en contacto con alguna asociación, o alguna víctima que tuviera problemas para acercarse a las oficinas, o les cerraran las puertas?".
"¿Tiene usted datos de lo que han hecho las oficinas? ¿Sabe cómo vivimos? ¿Qué problemas tenemos en casa? ¿Se ha implicado alguno de sus obispos?", recalca la representante de las víctimas. "¿Son los propios obispos los que tienen que juzgar si lo han hecho bien o mal, o seremos nosotros? Ninguno hemos recibido ese tipo de atención".
¿Son los propios obispos los que tienen que juzgar si lo han hecho bien o mal, o seremos nosotros? Ninguno hemos recibido ese tipo de atención". "Tendrían que poner la alfombra roja por donde pasamos: lo único que queríamos era que nos ayudaran, y ayudarles a desenterrar este pasado, y poder seguir adelante, pero ni se les ve ni se les espera", concluye Cuevas.
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