Mientras la Iglesia ha aceptado formar parte de la comisión de investigación liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, sobre los casos de abusos sexuales en su seno, la entidad ultraconservadora 'Abogados Cristianos' mantiene una cruzada contra una obra de teatro, financiada con dinero público, crítica con la pederastia de parte del clero. Como trasfondo, la libertad de expresión frente a los sentimientos religiosos.
El Teatro Principal de Valencia programó entre el 16 de octubre y el 8 de noviembre de 2020 la obra ‘Poder i Santedat’ del dramaturgo valenciano Manuel Molins y dirigida por Paco Azorín. La obra se presentaba con un llamativo cartel en el que aparecía un papa besando a un niño en la boca. ‘Poder i Santedat’, que obtuvo el Premi Octubre de teatro Pere Capellà, narra el periplo de Lucio Pacelli, un joven seminarista interpretado por el actor valenciano Borja López Collado que sufre una crisis de identidad al descubrir la corrupción y los casos de pederastia en la Iglesia.
A las críticas por parte de Vox, se sumó también el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, quien alertó de que la pieza del dramaturgo Manuel Molins "viola la libertad religiosa". La letrada Polonia Castellanos, de 'Abogados Cristianos, interpuso un recurso en el que defendía que "no solo el cartel publicitario sino la obra entera es un ataque contra los católicos y la Iglesia". "Se rebasa", a juicio de la entidad ultraconservadora, "el límite de la libertad de expresión en un intento de vincular la Iglesia Católica con la pederastia". Además, la función teatral "generó un gran malestar en el conjunto de la ciudadanía", agrega.
La letrada aludía a algunos extractos de la obra, escrita en valenciano: "En otro momento, el gran problema del Vaticano y de su Iglesia fue la complicidad, o no, con el nazismo. Ahora, además de la corrupción económica, el problema es la pederastia" o "El Vaticano es un Estado homofóbico aliado de hecho con todos los estados homofóbicos y autoridades que aún perviven (...). El Vaticano no respeta los derechos humanos porque sólo le interesan los derechos divinos", entre otros fragmentos seleccionados.
El dramaturgo Manuel Molins contó la conversación que mantuvo, con motivo de la denuncia, con Polonia Castellanos. “Yo también soy católico, pero a usted no la ha elegido nadie”, le dijo Molins. Además, 'Abogados Cristianos' también denunciaba que el Institut Valencià de Cultura y la institución provincial habían tramitado "adjudicaciones directas" para la coproducción por 255.700 euros. La asociación, que ya ha protagonizado otras polémicas como el intento fallido de secuestro de libros LGTBI para centros educativos de Castelló, recurrió los decretos de la Diputación de Valencia para contratar y coproducir el espectáculo.
Sin embargo, un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Valencia inadmitió el recurso por el contrario, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado el recurso de la entidad y sostiene que "no existe un criterio unánime por parte del alto tribunal que niegue la legitimación de la Asociación de Abogados Cristianos".
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