La Comunidad de Madrid ha dado carpetazo a la investigación que mantenía abierta sobre las 'terapias de conversión' de la homosexualidad del Obispado de Alcalá de Henares (Madrid). Tres años después de que este diario hiciera pública la existencia de estas sesiones contra las que se presentaron varias denuncias, la Consejería de Familia, Juventud y Política Social ha descartado sancionar a la institución dirigida por José Antonio Reig Plá argumentando que las pruebas aportadas pueden vulnerar “el derecho a la intimidad” de la supuesta terapeuta que impartía los tratamientos.
Así figura en las notificaciones que acaban de recibir las organizaciones y partidos que denunciaron, entre ellas FACUA, Más Madrid y Arcópoli. La Consejería ha decidido cerrar el periodo de información previa y “no incoar procedimiento sancionador alguno” a pesar de que son terapias prohibidas por la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia de Madrid, que califica su promoción como una infracción “muy grave” sujeta a multas de hasta 45.000 euros. El Ejecutivo autonómico, en manos entonces de Ángel Garrido, comenzó la investigación el 2 de abril de 2019, pero hasta ahora nada habían sabido los denunciantes del proceso a pesar de las múltiples peticiones de información. Las notificaciones están fechadas este 18 de abril, pero los textos reconocen que el acuerdo se adoptó hace cinco meses, el pasado 5 de noviembre.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso basa su decisión en un informe emitido por el servicio jurídico de la Consejería, que propone cerrar el expediente al considerar que las pruebas recabadas por este diario durante la investigación “pueden afectar al derecho a la intimidad”: “Las circunstancias periféricas de la grabación implican que se han rebasado las expectativas de privacidad” de la persona que ha sido grabada, reza el informe. Se refiere a la trabajadora de la diócesis de Alcalá que impartía las sesiones, en las que vinculaba la homosexualidad a “pequeñas taras” y “heridas afectivas” que debían ser “sanadas” y a una vida “de sufrimiento” y “degradación”.
Un portavoz de la Consejería reconoce a elDiario.es que, en base a la Ley LGTBI madrileña, “una terapia de este tipo es ilegal”, pero aduce, en la misma línea, que las pruebas aportadas se obtuvieron “sin el consentimiento” de los interlocutores. La organización de consumidores FACUA, que también interpuso denuncia en 2019, anuncia que recurrirá el archivo del proceso. Rubén Sánchez, su secretario general, considera “surrealista” y “un disparate” que la Comunidad recurra al derecho a la intimidad “de quienes cometen irregularidades” para cerrar el caso y lamenta “el uso torticero de este derecho para proteger los intereses de los que están llevando a cabo prácticas que son absolutamente aberrantes”.
La organización LGTBI Arcópoli, muestran su preocupación por el cierre del expediente, una decisión que califican de “especialmente grave” porque “da alas para que el Obispado siga operando así”, lamenta Emma Solano Dueñas, coordinadora del colectivo. “No sólo es grave por el daño que estas terapias hacen a las víctimas, que muchas veces necesitan asistencia psicológica después, sino también por el grave estigma que supone para las personas LGTBI en general, ya que históricamente se ha buscado ”curarnos“ y volvernos ”normales“”, añade.
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