El instituto de Dos Torres (Córdoba) en que estudió Héctor Sánchez durante los últimos tres años seguirá exhibiendo símbolos religiosos en sus paredes. El joven de 15 años cambia de centro para comenzar sus estudios de bachillerato después de haber librado sin éxito una tenaz batalla en defensa de la laicidad en la enseñanza pública. Su último gesto esta misma semana ha sido entregar una carta al consejero de Educación de Andalucía y un pliego con 6.000 firmas instándole a que retire "símbolos propios de escuelas confesionales de otros tiempos" porque vulneran los "derechos fundamentales" de toda la comunidad escolar.
La suya ha sido una lucha perseverante desde que sus padres conocieron las instalaciones en las que iba a estudiar su hijo hace ya casi cuatro años. Sorprendidos por la presencia de crucifijos en un centro público, ya desde el comienzo solicitaron una reunión con el director para abordar el asunto. "Le dijimos que nos parecía anacrónico y le solicitamos que retiraran los símbolos", relata su madre.
El director puso el conflicto en manos del consejo escolar, que agrupa a profesores, padres y madres de alumnos y personal de administración y servicios. El consejo escolar se negó a prescindir de los símbolos religiosos. Desde ese instante se abrió un largo procedimiento administrativo. Primero, una queja ante el Consejo de Transparencia, y, sucesivamente, un recurso ante la Delegación de Educación, entrevistas con el secretario general de la Consejería y, finalmente, un escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que resolvió de forma favorable a los padres.
Los argumentos de Héctor y sus padres apelan a la aconfesionalidad del Estado, promulgada por la Constitución española de 1978, y al Estatuto Andaluz de Autonomía, en cuyo artículo 21.1 establece que la "enseñanza pública (…) será laica". Ambos preceptos, en opinión de los demandantes, son quebrantados en el caso del instituto de Dos Torres. "La educación pública debe ser garante de la igualdad", subraya Cristina García. "Y lo que se está produciendo es una ilegalidad".
El Defensor, en su informe, aludió a un defecto procedimental. Los consejos escolares no son competentes para tomar una decisión de esa naturaleza. La responsabilidad recaería, conforme a la Lomce, en el director del centro.Más allá de la formalidad legalista, Cristina García considera una "barbaridad" que los directores de instituto dispongan de esa discrecionalidad y un asunto que afecta a derechos cívicos básicos deben "regularse de otra manera". "Imagínese que los miembros del consejo escolar dispongan que los homosexuales no pueden realizar según qué actividades. Sería un disparate".
El director del instituto San Roque de Dos Torres se amparó en una circular emitida por la Consejería de Educación en 2011 a propósito de una consulta similar realizada por un centro educativo de Vélez Málaga. En aquel caso, el consejo escolar también acordó de forma unánime mantener los símbolos religiosos bajo el argumento de que constituyen una "expresión de identidad cultural de la tradición" de la localidad malagueña. Fue entonces cuando la secretaría técnica de la Consejería designó a los consejos escolares como el ámbito apropiado de decisión en cada centro.
Los padres de Héctor y las asociaciones laicistas discrepan en la forma y en el fondo. En un Estado aconfesional, los espacios públicos deben ser neutrales en materia de conciencia y permanecer, por tanto, libres de símbolos religiosos. Solo así, aducen, se garantiza el principio constitucional de respeto a la libertad y pluralidad de los ciudadanos. Héctor Sánchez tiene 15 años y el próximo curso arranca ya en primero de bachillerato en un instituto de Pozoblanco, situado a 11 kilómetros de Dos Torres, en el norte de la provincia de Córdoba.
Confía en que su batalla rendirá sus frutos en el futuro. "Servirá a la gente que venga detrás mía. Lo mismo si viene un judío, un musulmán o alguien que no crea en dios. Espero que no se encuentren con símbolos religiosos que puedan afectarle", sostiene. La de los símbolos religiosos en espacios públicos es una cuestión no resuelta aún en España, toda vez que la ley es ambigua al respecto y deja resquicios que permiten interpretaciones contradictorias.
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