La archidiócesis de Madrid ya puede hacer un primer balance de las denuncias de abusos que ha recibido desde que hace un año abrió su oficina de atención a las víctimas y puso en marcha el proyecto Repara para acoger y ayudar a los afectados. El resultado es que por primera vez admite ocho casos de abuso sexual de sacerdotes o religiosos sobre menores, que sucedieron hace décadas y no habían trascendido hasta ahora. Además, ha recibido otras 10 denuncias de abuso sexual sobre adultos. Otros nueve clérigos han sido acusados de violencia física, maltrato o abuso de autoridad. En 2018, cuando EL PAÍS preguntó por primera vez a las 70 diócesis españolas sobre cuántos casos de abusos de menores les constaban, la de Madrid se negó a responder, como la inmensa mayoría. Pero algo va cambiando, ya opta por la transparencia.
Con estos ocho, el total de casos de abusos de menores en la Iglesia conocidos en España asciende ya a 231, con más de 500 víctimas, según el recuento que lleva EL PAÍS, ante la ausencia de datos eclesiásticos y oficiales. La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha negado a revelar cuántos casos conoce y a investigar el pasado. Tras la apertura obligatoria de oficinas de atención a las víctimas en cada diócesis, impuesta por el Vaticano el año pasado, su portavoz aseguró hace tres meses que habían recibido “cero o muy pocas” denuncias. La de Madrid, dirigida por el actual vicepresidente de la CEE, el cardenal Carlos Osoro, es una de las que mayor esfuerzo ha dedicado a este problema, con un proyecto específico, y no tiene problemas en dar cifras.
Hasta ahora, el único caso del pasado del que se tenía constancia en Madrid, solo en cuanto a los sacerdotes diocesanos, no de órdenes religiosas, era el del cura Rafael Sanz Nieto. Fue condenado en 2006 a dos años de cárcel por abusar de un niño de 12 años y el obispado a pagar 30.000 euros como responsable civil subsidiario. El caso se destapó a raíz de la denuncia de un grupo de catequistas, que acusaron al por entonces arzobispo de la capital, Antonio María Rouco Varela, de ejercer presiones para que el caso no saliera a la luz.
La nueva oficina, que se abrió con la intención de atender a cualquier persona afectada por “cualquier tipo de abuso”, tanto dentro como fuera de la Iglesia, ha recibido también a otras 35 víctimas que sufrieron abusos dentro del ámbito familiar y 13 que los denuncian en otros entornos. De ese grupo, nueve de las víctimas eran menores en el momento de la denuncia. En estos casos la diócesis informó a la Fiscalía, “siguiendo lo prevenido por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor”. “A los adultos se les informa siempre de la posibilidad de denunciar ante la jurisdicción civil”, explica un portavoz del episcopado.
Con todo, el obispado no ha querido dar detalles de los casos. Ni los lugares donde ocurrieron ni los nombres de los ocho clérigos pederastas “con el objetivo de proteger el anonimato de las víctimas”. Ha precisado que solo uno pertenece a la diócesis, y ya se ha abierto una investigación canónica, mientras que los otros siete son miembros de órdenes religiosas. Estos últimos cometieron los delitos en colegios y entornos educativos “la mayoría de las veces”. Las víctimas, ahora entre los 50 y 65 años, tenían entre 8 y 15 en el momento de los abusos. “Algunas están conversando con Repara y con la congregación. A otras les basta con que les creamos, escuchemos y pidamos perdón. Es decir, que no quieren denunciar ni iniciar ningún trámite al respecto”, explica un portavoz, que añade que a algunos se les ha brindado asesoramiento canónico. Algunas víctimas, añaden fuentes de Repara, acudieron a la entidad en busca de ayuda psicológica después de haber presentado su denuncia en otra diócesis u orden, ya que en ellas no lo tenían.
El equipo que coordina el primer contacto de la víctima con Repara afirma que notó un crecimiento del número de llamadas de afectados. “Ha sido un alivio para muchas personas. Durante el confinamiento se han reabierto las heridas y se han despertado los fantasmas”, explica Lidia Troya, responsable de primera acogida de la organización. Los portavoces de Repara también afirman que, durante este primer año, “otras entidades” les han llamado para derivarles casos, aunque la mayoría de las veces no han podido atenderlos ya que cuentan con recursos de emergencia. Otro dato relevante es el número de mujeres atendidas, 57 frente a 18 hombres. “A menudo, han vivido durante muchos años con la incomprensión de sus propias familias, de la misma sociedad, de sus ámbitos comunitarios o de la propia Iglesia. Lo que más necesitan es que la creamos y la comprendamos. No buscan venganza. A veces, ni siquiera nos dicen los nombres de los victimarios”, relata Troya.
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