Unas 4.000 víctimas. Esta es la cifra que se maneja, con suma cautela, en el entorno de la auditoría encargada, hace ahora un año, por la Conferencia Episcopal española al despacho Cremades & Calvo Sotelo para intentar desentrañar, desde dentro, el drama de los abusos sexuales a menores en la Iglesia española. Y para ofrecer, tal y como lo anunciaron en su día los obispos, recomendaciones que en ningún caso serán de obligado cumplimiento.
los primeros datos de esta investigación –el Congreso encargó otra independiente al Defensor del Pueblo– apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete se ha centrado en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo que se ha concretado en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años 50.
Aún con lo sorprendente de la cifra para lo que ha sido el discurso de la Conferencia Episcopal hasta el momento, hay quienes piensan que puede ser demasiado conservadora. Se acerca a la que una investigación adjudicó solo a la archidiócesis de Múnich (Alemania), que hablaba de 3.600 víctimas. Este mismo lunes la Iglesia portuguesa presentó su propio informe en el que apunta a casi 5.000 afectados en un país mucho más pequeño que España. Lo cierto es que personas que han participado en estos dos informes están trabajando con el equipo de Cremades en la elaboración del español.
El informe no se entregará, como estaba previsto, la semana que viene, y las previsiones más optimistas apuntan a primavera (mayo-junio), aunque lo más probable es que el informe final no se presente hasta pasado el verano.
¿Cuáles son las causas del retraso? En primer lugar, la lentitud –y, en algunos casos, el “desprecio”– de algunos obispados a la hora de colaborar con la auditoría, así como las dificultades para acceder a datos reservados, tal y como apuntan fuentes cercanas al estudio.
Algunos datos preliminares han revelado la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia. El equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal ha detectado “alrededor de una treintena” de documentos en los que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales.
Algunos han sido desvelados por este medio, como la indemnización a la víctima del 'caso Cociña', sacerdote del Opus Dei que 'compró' el silencio de una víctima por 17.000 euros. El acuerdo, implicaba la renuncia de la víctima “a cuantas acciones pudieran corresponderle” contra el cura, el Opus Dei o la Iglesia, y le prohibía pronunciarse sobre el pacto.
El mayor problema que seguramente encuentre la auditoría estará en su lectura por parte de un episcopado que, a diferencia del portugués, sigue pareciendo más remiso a aceptar su responsabilidad, a tenor de sus constantes referencias al porcentaje de abusos que se dan en Iglesia y en el resto de la sociedad, además de la actitud frente a otras investigaciones (fundamentalmente, la del Defensor del Pueblo), con las que no se está colaborando activamente.
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