La jerarquía católica sigue resistiéndose a colaborar con el esclarecimiento del escándalo de los abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. La Fiscalía General del Estado solicitó a finales de noviembre a las 70 diócesis que informaran de aquellos casos de pederastia de los que tuvieran conocimiento a través de las oficinas de atención a las víctimas que les obligó a abrir el papa Francisco. Tres meses después, han respondido menos de la mitad (29) y sólo cuatro han aportado datos significativos, como nombres de víctimas, según datos del Ministerio Público a los que ha tenido acceso elDiario.es. Son las diócesis de Barbastro, Barcelona, San Feliu y Vitoria. 41 ni siquiera respondieron.
Las otras 25 diócesis que sí contestaron al requerimiento de la Fiscalía lo hicieron con evasivas y siguiendo un modelo de respuesta configurado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), que ha tratado de controlar y limitar la información que estas entidades ponían a disposición de la institución pública. 18 respondieron con el primer modelo de carta, pensado para aquellas diócesis que no tienen constancia de denuncias ni testimonios. Y otras siete lo hicieron con el segundo, reservado para los supuestos en los que las denuncias o testimonios recabados “ya han sido puestos oportunamente en conocimiento de la Fiscalía competente”. En sus respuestas se remitían, por tanto, a lo ya enviado a las fiscalías provinciales.
Además, ninguna diócesis informó de los posibles casos de abusos en los distintos institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica que dependen de ellas, como los colegios. El argumento es que no son competentes para ello porque se trata de “entidades autónomas con personalidad jurídica propia” y distinta a la del obispado. Investigaciones periodísticas han documentado en los últimos años decenas de casos de abusos en centros educativos y congregaciones.
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