La Iglesia católica española asegura que los casos de pederastia en su seno son muy pocos, pero aun así lo cierto es que ya se ha visto obligada a pagar al menos dos millones de euros en indemnizaciones a 173 víctimas en las últimas cuatro décadas, según el cálculo que resulta de la base de datos de EL PAÍS. Este registro, el único existente en España ante la ausencia de datos oficiales y de la Iglesia, contabiliza los casos conocidos a través de la prensa o de las sentencias judiciales que ha podido localizar este diario. Sumando los resarcimientos impuestos en estas condenas, la cifra exacta es de 2.063.728 euros. Es la única manera de calcular una cifra orientativa, porque la Iglesia se niega a revelar el número de casos que conoce, las indemnizaciones que ha pagado y a investigar los abusos del pasado. En Francia, la Iglesia ha reconocido 330.000 víctimas tras el trabajo de una comisión de investigación.
Las sumas contabilizadas por este diario atañen tan solo a los casos de 43 pederastas (20 sacerdotes, 17 religiosos, dos seminaristas y cuatro laicos con cargos pastorales), y una buena parte corresponde al acuerdo alcanzado por los maristas de Cataluña con 25 familias el año pasado, que ascendió a 353.000 euros, según la orden. A la luz de la base de datos, la media por indemnización fijada en los tribunales ha sido de unos 12.000 euros, pero las cantidades son muy dispares. En algunos casos el juez estimó una cuantía de 600 euros por el daño, mientras que en otros superaba los 50.000.
Los casos compensados suponen una parte muy pequeña respecto al total de víctimas ―las conocidas en este momento ascienden a 945, según la base de datos de este diario―, porque muy pocos se denuncian, la inmensa mayoría prescriben sin llegar a juicio y solo algunas condenas de los tribunales llegan a trascender. La única cifra oficial de casos de pederastia en la Iglesia que ha dado la Conferencia Episcopal Española (CEE), el pasado mes de abril, es de 220 sacerdotes denunciados internamente en España desde 2001, un dato que tuvo que pedir al Vaticano, donde deben comunicarse todas las acusaciones, porque aseguraba desconocerlo.
También sigue siendo un misterio cuántos acuerdos extrajudiciales ha alcanzado cada obispado u orden religiosa con víctimas a cambio de su silencio, una práctica que el papa Francisco prohibió en 2019. Muchas víctimas han acusado a la Iglesia de comprar su silencio para evitar que el caso saliera a la luz, como le ocurrió a Miguel Hurtado, el joven que desveló los abusos en la abadía de Montserrat en 2019. Un juez eclesiástico confirma: “Eso comenzó a extenderse a partir de la década de los noventa y comienzos de 2000. Había dinero bajo mano con la condición sine qua non del silencio. Ese dinero se daba en negro. Se utilizaban los fondos reservados que tiene cada diócesis, pero que ¡ojo!, son para hacer el bien y no se tiene que dar cuenta de para qué se utiliza ese dinero”. Según este especialista, en estos casos los obispos cometían dos irregularidades: por un lado, comprar el silencio de víctimas y, por otro, hacer un mal uso del dinero que el obispado tenía reservado para hacer buenas acciones en caso de urgencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario