PATRIMONIO NACIONAL, COPADO POR ULTRAS

Tomado de infolibre.es
 

El periodico infoLibre decidió abrir una línea de investigación para conocer hasta el último detalle de la gestión del Valle de los "Caidos". Un proceso que se ha prolongado durante tres años y que ha finalizado con una sentencia en la que se considera probada la "mala fe" de Patrimonio y se destaca que la falta de datos da una idea de la forma en la que el organismo público "ha desarrollado sus funciones".

Uno de los puntos de partida del trabajo fue el durísimo informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas hizo sobre el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional (CAPN), un documento que ponía negro sobre blanco todas las deficiencias detectadas alrededor del complejo monumental durante el ejercicio de 2013. Una vez analizado, el siguiente paso consistió en comprender bien cómo funcionaba Cuelgamuros, qué papel jugaban Patrimonio Nacional y los monjes benedictinos, cuál era la relación jurídica y económica existente entre ambos o qué obligaciones tenían las dos partes presentes en el mausoleo franquista. Y, para ello, era necesario estudiarse bien todo el armazón jurídico sobre el que se asentaba el Valle de los Caídos. En concreto, un decreto-ley de 1957, un convenio de 1958 y un reglamento de 1959. Un marco normativo ideado durante el franquismo que, aunque pueda resultar sorprendente, sigue activo en la actualidad.

A partir de ahí, se elaboró una batería de preguntas dirigidas al organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. Entre otras, se solicitó información sobre los inmuebles cedidos gratuitamente propiedad de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –el ente que sobre el papel administra el complejo monumental pero cuyo patronato está en manos del CAPN–, sobre las subvenciones otorgadas a la Abadía, sobre todos los contratos relacionados con Cuelgamuros, sobre la evolución del número de monjes, sobre el cumplimiento de las obligaciones de los religiosos, sobre los mecanismos de control existentes de las mismas... Se preguntó sobre todo aquello que, en atención a la normativa legal, debería estar en manos de Patrimonio.

A mediados de octubre la Administración dio finalmente respuesta. El problema es que una buena parte de las cuestiones quedaban sin respuesta o eran contestadas con información que, directamente, no se le estaba solicitando. Por ejemplo, cuando este diario pedía datos sobre los ingresos y gastos de la Hospedería y Casa de Ejercicios Espirituales entre 2008 y 2017, Patrimonio aportaba un cuadro resumen general desde el año 2014 en el que hacía mención a los ingresos por la "venta de entradas" y "otros", a los "gastos de personal" y "corrientes" o a las "subvenciones". Y cuando se le pedía una relación año a año del número de religiosos que conformaban la Abadía, se limitaba a facilitar la cifra en aquel momento y a decir que la misma se había mantenido en niveles "similares" en los últimos años.

El Consejo de Transparencia rechazó con firmeza dichas alegaciones. "Entendemos que la información solicitada está en poder de Patrimonio Nacional, o debería estarlo en función de las facultades que ejerce sobre la Fundación y, a través de ella, sobre la Abadía", zanjaba el organismo en cuatro resoluciones diferentes, en las que daba la razón a infoLibre y obligaba a la administración a facilitar los datos que le estaban siendo requeridos. De nuevo, Patrimonio no lo hizo.

A comienzos de abril de 2019, se interpuso el recurso contencioso-administrativo contra las diferentes resoluciones del organismo dependiente del Ministerio de la Presidencia. El procedimiento judicial se ha prolongado durante poco más de dos años. Sin embargo, ha servido para conocer el descontrol imperante en Cuelgamuros. Para empezar porque, una vez que este periódico acudió a los tribunales, Patrimonio Nacional decidió allanarse parcialmente. Es decir, admitió que tenía parte de la información que había solicitado infoLibre y que no le había entregado hasta ese momento. En cuanto al resto, la Abogacía del Estado sostenía que Patrimonio Nacional no tenía los datos.

Para demostrar que no disponía de parte de la información solicitada, aunque como había resuelto el Consejo de Transparencia debería disponer de ella por sus funciones en el Valle de los Caídos, Patrimonio Nacional aportó al Juzgado un certificado firmado por su gerente. Un documento que dejaba constancia por escrito de que en los archivos de Patrimonio no había información.

Pues bien, el Estado permitió al menos desde 1983 que parte de esas obligaciones se incumpliesen, sin expulsar a los monjes ni reformar las normas. La segunda desvelaba que los diferentes responsables de Patrimonio han incumplido su obligación legal de controlar que las subvenciones anuales entregadas a los benedictinos se gastaban correctamente, e incluso que las cantidades de dinero público otorgadas como subvención podrían haber sido mayores de lo que establecen las normas.