Cuando el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de Madrid sentenció el pasado 4 de noviembre que no considera probado que el reverendo José Luis Galán Muñoz haya incurrido en delitos de abusos y agresiones sexuales contra una menor, los tres jueces de la Iglesia ya conocían la sentencia por los mismos hechos de la Audiencia Provincial de Toledo: ocho años y seis meses de cárcel por abusos continuados a una adolescente de 15 años que acumula desde entonces incontables intentos de suicidio. La justicia ordinaria había condenado además al sacerdote a indemnizar a la víctima con 50.000 euros y a no acercarse a menos de 300 metros de ella durante los próximos 18 años.
Todo eso lo dejó por escrito la sección segunda de la Audiencia Provincial de Toledo el pasado 26 de julio, tras describir en la sentencia una película de terror que comenzó en una excursión escolar por el Camino de Santiago durante el verano de 2010. fue donde el sacerdote José Luis Galán, de 39 años entonces, entabló "una relación de confianza" con una alumna de 15 y acabó convirtiéndose para el siguiente curso en su director espiritual dentro del colegio religioso donde la menor cursaba cuarto de la ESO.
En los hechos probados, la Audiencia Provincial de Toledo lo relata así: "A partir de enero de 2010 [el párroco] comenzó a preguntar a [la menor] cuestiones relacionadas con su vida sexual, tales como si era pura, si se masturbaba o si había tenido relaciones sexuales con chicos, para, a continuación, en uno de esos encuentros solicitarle de forma insistente y con un evidente ánimo libidinoso que le besara. Y si bien en un principio ella se negó, finalmente accedió debido a la consideración que tenía hacia José Luis Galán, a quien concebía como un referente personal y moral. En sucesivas reuniones, [el sacerdote] procedía a quitar la ropa expresándole simultáneamente que lo hacía porque Dios se lo pedía, para con posterioridad, tocarle su pecho y besárselo. Al finalizar le daba un abrazo a [la víctima] y le pedía perdón, diciéndole que esa situación no se iba a repetir más y reiterándole que todo lo hacía en nombre de Dios".
Luego, en sucesivos encuentros en el despacho sacerdotal de la iglesia de San Ildefonso en Talavera de la Reina vinieron más tocamientos, la introducción de los dedos del cura en la vagina de la menor, la invitación a realizarle felaciones y cuando la adolescente mostraba oposición, las advertencias sobre "la bondad de esas conductas" que eran, según el párroco, "un regalo de Dios". Hubo incluso un exorcismo, en el que el sacerdote que abusó de ella intentó hacerle ver que estaba poseída por el demonio.
Y, fruto de todo lo anterior, hubo también una espiral de intentos de suicidio e internamientos en clínicas psiquiátricas de la joven, a la que se le diagnosticó trastorno de estrés postraumático, trastorno de conducta alimentaria tipo anorexia nerviosa compulsivo-purgativa y trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite. Su segunda psiquiatra, la doctora Díaz Marsa, escribió algo más: "Inestabilidad alimentaria y afectiva y persistencia de los pensamientos intrusivos continuos sobre los abusos que la angustian". La joven no ha acabado de recuperarse, una década después de los primeros abusos.
Así es como estaba la historia. La Justicia había hablado claro en una sentencia de 85 páginas que se inició con la denuncia de una joven a la que la psiquiatra que la había tratado durante cuatro años le recomendó ir al juzgado como parte de su tratamiento tras haberlo intentando todo y que la situación no mejorase. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha debe resolver aún el recurso presentado por la defensa.
Pero en medio de todo eso ha hablado también el Tribunal de la Rota, un jurado eclesiástico, que había abierto su propio procedimiento penal al sacerdote, en un pleito al que ya no quiso concurrir la víctima. Y en esa vía eclesiástica, el trío de jueces que forman Monseñor Antonio José Die López como juez presidente, instructor y ponente, y Carlos Morán Bustos y Jesús Rodríguez Torrente como jueces adjuntos, se aceptaron todos los argumentos de la defensa que habían sido desbaratados en la Justicia ordinaria para tratar de enmendar el veredicto de la Audiencia Provincial de Toledo.
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