El Ejecutivo de Pedro Sánchez se enfrenta en las próximas semanas a una espinosa cuestión de enorme calado simbólico, que calibrará su compromiso real con la laicidad del Estado, tal como figura en el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos. En breve, deberá decidir si renueva al arzobispo castrense, que proporciona asistencia religiosa al Ejército y a la Casa Real, en sustitución del fallecido Juan del Río en enero pasado como consecuencia del Covid.
La designación del arzobispo castrense no solo choca con el principio constitucional de aconfesionalidad del Estado, también adolece de un flanco singularmente controvertido en su forma de nombramiento. Hasta 1976, España mantenía un privilegio medieval, recuperado por Francisco Franco tras la II República, según el cual ostentaba el derecho de presentación de obispos al Vaticano. Muerto el dictador, el rey Juan Carlos I renunció expresamente a esa prerrogativa propia de Estados confesionales. Lo hizo con una sola excepción: el arzobispo castrense, cuya elección mantiene la fórmula arcaica de intervención del Estado en el nombramiento de un prelado de la Iglesia católica.
Los socios de Pedro Sánchez en el Gobierno de coalición mantienen una nítida posición laicista sin ambigüedades. "El nombramiento de arzobispo castrense es una rémora del nacionalcatolicismo que no tiene hoy ningún sentido", señaló a Público una fuente autorizada de Podemos. "En democracia, y de acuerdo con la Constitución y el Estado de derecho, hay que superar esas prácticas, respetar la libertad religiosa y avanzar en el precepto constitucional de que ninguna confesión tendrá carácter estatal", agregó.
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