El Estado no ha controlado durante décadas el cumplimiento de la ley en el Valle de los Caídos. A pesar de que la administración del complejo monumental está en manos de Patrimonio Nacional, lo cierto es que este organismo público no dispone en sus archivos de la información más básica que permitiría comprobar que en todo momento se ha respetado en Cuelgamuros el marco normativo sobre el que se apoya el mausoleo franquista que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez pretende resignificar. Según la información que obra en poder de infoLibre, Patrimonio no tenía a finales de 2019 memorias justificativas relativas a las subvenciones concedidas a la Abadía de los ejercicios anteriores a 2014 o información sobre los planes del Centro de Estudios Sociales. Pero no solo eso. Tampoco constaban en sus archivos datos concretos de la última década sobre los religiosos o la contabilidad relativa a dos de los edificios en manos de los monjes.
El problema es que el Estado no ha ejercido el control que debería sobre el funcionamiento del mausoleo. Así consta en un certificado emitido por la Gerencia de Patrimonio Nacional en el procedimiento judicial abierto. El documento, fechado el 10 de diciembre de 2019 y firmado por el entonces gerente del organismo dependiente de Presidencia, Ernesto Abati García-Manso, sirvió de base a la Abogacía del Estado para alegar en el procedimiento que los datos solicitados no podían encuadrarse en el concepto "información pública". ¿Por qué? Porque, sostenían los servicios jurídicos en respuesta a la demanda que este periódico presentó a comienzos de 2019 en vía contencioso-administrativa, "ni ha sido elaborada por éste ni la ha adquirido en ningún momento".
En los archivos del organismo público no constaba "información concreta" de la evolución del número de monjes y novicios de la Abadía en la última década. Lo que a priori puede parecer un asunto menor, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque, como establece el reglamento de la Fundación de la Santa Cruz, "no tener un mínimo de 20 monjes profesos" obliga al patronato del ente –Patrimonio Nacional– a "dar cuenta" a la Santa Sede a fin de sustituir a estos religiosos por otra orden o instituto de la Iglesia.
No es, ni mucho menos, el único descontrol en materia económica. En este sentido, el gerente hacía constar en su escrito dos cuestiones relevantes. En primer lugar, que en los archivos de Patrimonio no había ni rastro de "ingresos y gastos" de los "últimos diez años" ni de la llamada Casa de Ejercicios Espirituales ni de la Hospedería, ese pequeño hotel gestionado por los religiosos dentro del complejo monumental con más de un centenar de habitaciones ofertadas en Booking a 45 euros la noche. Una ausencia de datos contables que va en contra de lo que se establece en el convenio de finales de los cincuenta. "La Abadía administrará la Hospedería y la Casa de Ejercicios Espirituales y tanto sus ingresos como sus gastos serán igualmente recogidos en el presupuesto de la fundación", recoge el texto en su octavo artículo.
"No se dispone de las memorias justificativas de la realización de las actividades subvencionadas (...) correspondientes a ejercicios anteriores a 2014, si bien de los años 2012 y 2013 existen cuadros-resumen de los gastos realizados con cargo a la misma", apuntaba el gerente. Es decir, se comenzaron a elaborar estos documentos después de que el Tribunal de Cuentas, en un informe de fiscalización relativo al año 2013, alertase de que "nunca" se había rendido "cuenta justificativa" del dinero que el Estado destinaba en cada ejercicio a los monjes de Cuelgamuros.
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