Al menos 216.000 personas fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia católica francesa en los últimos 70 años, según el informe final de la Comisión Independiente sobre Abusos en la Iglesia Católica (Ciase). La cifra aumenta hasta los 330.000 si se cuentan también los abusos cometidos por personal laico de la iglesia, como profesores en colegios religiosos o de catecismo, de acuerdo con una investigación iniciada hace 32 meses y revelada este martes en París.
“Son cifras abrumadoras que reclaman medidas muy fuertes” por parte de la Iglesia católica, dijo el presidente de la comisión, Jean-Marc Sauvé, al presentar en París el informe. Esto demuestra, según Sauvé, que los “silencios” y “fallos” de la Iglesia católica francesa ante los casos de pederastia desde 1950 tienen un “carácter sistémico” que requiere profundas reformas de la institución y sus prácticas, incluido el secreto de confesión, subrayó. “Hasta comienzos de los años 2000, constatamos una indiferencia profunda y cruel ante las víctimas. No se las cree, no se las escucha, se considera que ellas pueden haber contribuido a lo que les pasó”, señaló. Por ello, continuó, la Ciase es “unánime” en su conclusión: “La Iglesia no supo ver, no supo escuchar, no supo captar las señales débiles” y, si las víctimas no hubieran, por fin, tomado la palabra,” nuestra sociedad seguiría ignorando o negando lo que pasó”.
En el informe se confirma, asimismo, que la cifra de depredadores sexuales en la Iglesia francesa ronda los 3.000 sacerdotes o religiosos, una “estimación mínima”, como dijo Sauvé a medios franceses en vísperas de la publicación del informe.
La amplitud de las cifras reveladas y la voz de las víctimas “nos perturba, nos abruma, superan lo que suponíamos”, reconoció a su vez Moulins-Béaufort, que no escatimó en su impacto. El informe “nos avergüenza, nos espanta”, reconoció y aseguró no hace más que “persuadir” a la Iglesia francesa de que “el trabajo de purificación necesario debe realizarse sin descanso” y aseguró su “determinación a actuar para que el rechazo a escuchar, la intención de silenciar, de ocultar” denunciados en el informe “desaparezca” y haya un verdadero cambio de actitud y de respuesta.
La decisión de investigar los casos de pederastia en su seno desde 1950 la tomó la Iglesia católica gala a finales de 2018, cuando se multiplicaban en toda Francia los procesos contra religiosos por abusos sexuales de menores o por silenciar denuncias recibidas —como fue el caso del cardenal Philippe Barbarin, entonces arzobispo de Lyon— y en momentos en que crecía el debate nacional y hasta internacional sobre el tema, con casos muy mediatizados en Estados Unidos, Europa y hasta Australia. En febrero de 2019, el papa Francisco convocó un sínodo sobre la pederastia en el que aceptó pasar de la retórica a “medidas concretas y eficaces”. A finales de ese año, el Vaticano anunció dos nuevas leyes que, entre otras cosas, liquidan el secreto pontificio —que viene impuesto desde 1972 en asuntos e investigaciones de particular gravedad— en los casos de abusos a menores por parte de representantes de la Iglesia.
En ese contexto, la Conferencia Episcopal de Francia (CEF) decidió encargar a una comisión independiente la tarea de investigar posibles casos de pederastia desde 1950 y “las razones que favorecieron la manera en que fueron tratados esos asuntos”, además de pedirle que proponga medidas para evitar nuevos casos en el futuro.
El mandato fue entregado a Sauvé, un católico practicante y exvicepresidente del Consejo de Estado, que convocó a 21 hombres y mujeres de diferentes ámbitos —desde expertos en derecho a teólogos, psicólogos o trabajadores sociales— y diversas confesiones religiosas, incluso no creyentes. Así nació la Ciase, que unos seis meses después de su constitución, en junio de 2019, empezó a buscar testimonios con los que componer su investigación y sus propuestas, ahora presentadas en toda su amplitud.
En total, el informe, aprobado “por consenso”, según Sauvé, consta de 2.480 páginas, 2.000 de ellas de anexo. Su elaboración ha requerido casi dos años y medio de trabajo, en parte interrumpidos por la pandemia.
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